La veintena de funcionarios que ejercieron como árbitros entre Novagalicia Banco y los afectados por la comercialización de participaciones preferentes y obligaciones subordinadas de las antiguas cajas de ahorro gallegas acumulan hasta diez meses de retraso en el cobro.

Fuentes de la Consellería de Economía e Industria consultadas por Europa Press aseguran que la Xunta realizará el pago este mismo mes de octubre, puesto que los trámites administrativos "se han acelerado al máximo" al considerarse "una prioridad", de modo que está "todo a punto".

Pese a esto, las mismas fuentes del departamento autonómico no pueden precisar si el abono de estas cantidades, que rondan los 20.000 euros brutos, se efectuará en una o en varias transferencias.

El Gobierno de Alberto Núñez Feijóo hizo un llamamiento interno en agosto del año pasado al prever que el Instituto Galego de Consumo requeriría refuerzos para gestionar la avalancha de solicitudes de arbitraje, vía habilitada por la entidad financiera y la propia Administración autonómica para dar una solución a los que fueron estafados con productos financieros denominados 'híbridos' de Caixa Galicia y Caixanova.

A esta petición, que se materializó en la disposición de una serie de plazas en comisión de servicios, respondieron inicialmente 23 funcionarios —era preciso tener esta categoría y ser licenciado en Derecho—, algunos de ellos del propio instituto, con sede en Santiago de Compostela, y otros que procedían de diferentes organismos y cuyo puesto de trabajo radica en otras ciudades.

En las negociaciones con los sindicatos, la Xunta dijo que estos servicios se pagarían como concepto de productividad —que debe abonarse mes a mes— y pactaron que serían 20 euros por cada laudo emitido a partir de los cinco primeros. Esto es, del uno al quinto se consideraría el trabajo rutinario del funcionario y a partir de los siguientes empezarían a cobrar por productividad.

El proceso de arbitraje arrancó ya en julio y agosto pero no fue hasta septiembre —con el personal de refuerzo incorporado— cuando el Instituto Galego de Consumo experimentó un repunte en el ritmo de las vistas, que no decayeron hasta pasadas las elecciones autonómicas del 21 de octubre, en las que el Partido Popular de Galicia obtuvo una holgada mayoría absoluta.

Un año después

Por el momento, los árbitros de refuerzo cobraron únicamente los meses de septiembre y octubre. Un año después, con más de 40.000 laudos emitidos y el proceso cerrado y derivado a las instancias judiciales, estos empleados públicos están todavía a la espera de que la Administración autonómica les abone cantidades que rondan los 20.000 euros brutos.

Y es que, de hecho, la cifra adeudada difiere pues la asignación de vistas así lo hizo también, en función de criterios desconocidos por los propios trabajadores y fijados por el instituto que se tradujeron en que los árbitros que eran personal de Consumo recibían un mayor volumen de casos que los procedentes de otras consellerías.

La elaboración de cada laudo arbitral, cuyos efectos son equivalentes a los de una sentencia judicial, suponía una serie de tareas administrativas que realizaba el mismo funcionario: descarga de documentación, preparación de actas, la audiencia en sí, resolución, impresión, 'escaneo' e incorporación a una aplicación digital del banco.

Los últimos tres meses del proceso, de junio a agosto de este año, un nuevo anuncio del presidente gallego, esta vez público, ya que se produjo en la sesión de control del pleno del Parlamento autonómico, supuso un nuevo aumento del número de casos, y los árbitros recibieron a una media de 25 afectados al día —fueron 28 vistas diarias pero cada árbitro descansaba un día—, hasta cubrir los 20.000 casos más que Núñez Feijóo prometió que accederían al arbitraje.