Los votos mayoritarios del Grupo Parlamentario Popular en la Cámara riojana han aprobado la suspensión de la actividad del Defensor del Pueblo Riojano. Una decisión que se ha tomado tras debatir una Proposición de Ley, presentada por los 'populares', que no ha contado con el apoyo del resto de los grupos.

En su defensa, el portavoz del grupo popular, Carlos Cuevas, ha indicado que, pese a las dudas de "inconstitucionalidad y anticonstitucional" que han señalado los portavoces de los Grupos Socialista y Mixto, Pablo Rubio y Miguel González de Legarra, la propuesta "es respetuosa con la Constitución Española, el Estatuto de Autonomía de La Rioja y con el propio Reglamento de esta Cámara".

Cuevas ha defendido la "suspensión, que no supresión" de la Defensoría, aludiendo la "situación económica" de crisis en la que está inmerso el país, así como a la necesidad de "eliminar duplicidades". "Los riojanos no van a perder ningún derecho, ni defensa" con esta medida, porque "estarán amparados por el Defensor del Pueblo del Estado, y por la Comisión de Peticiones del Parlamento de La Rioja".

El portavoz de los populares riojanos ha destacado que la propuesta, que ha dicho es un acto de "responsabilidad", supone una suspensión "temporal" de la institución, apuntado a continuación que será "hasta que el Parlamento quiera".

Cuevas ha reseñado que el coste medio por queja tramitada, en los seis años que estuvo trabajando la Defensoría en La Rioja, fue de 1.000 euros, frente a los 414 que le suponía al Defensor del Pueblo del Estado. Además, ha destacado que la cuantía se rebaja hasta los 228 euros de media, en el caso de que no existieran defensores autonómicos.

"morir de éxito"

El portavoz socialista ha lamentado la forma de tramitar esta iniciativa, al tiempo que ha señalado que con esta medida pierde la "arquitectura institucional" de la región.

El líder de los regionalistas, además de pedir que "se aparque la propuesta" hasta que se viera si era legal, ha argumentado en su rechazo que "se nos plantea un histórico retroceso en la democracia de la comunidad autónoma".

González de Legarra ha apuntado que para su formación esta propuesta supone la "supresión" de una institución que "ha muerto de éxito, ya que no se podían hacer las cosas tan bien, ante los abusos de las administraciones".

Renta ciudadanía

Minutos antes, el pleno de la Cámara, con la mayoría absoluta del PP, ha decidido no tomar en consideración una Proposición de Ley de Renta Básica de Ciudadanía, defendida por la diputada del Grupo Parlamentario Socialista, Ana Santos.

La parlamentaria socialista ha argumentado que en la comunidad uno de cada 4 riojanos, 70.000, "sobreviven con rentas inferiores al umbral de la pobreza, de los cuales 7.000 son menores". Además, ha recordado que el "nivel histórico de un 18 por ciento de desempleo está provocando que en el 11,5 por ciento de los hogares riojanos todos sus miembros estén en paro y en torno a 10.000 riojanos ya hayan agotado todo tipo de prestaciones".

Por ello, para Santos "es urgente poner en marcha una Renta de Ciudadanía para los riojanos como respuesta de justicia social, de moral y de dignidad". Ha manifestado que la renta de ciudadanía que proponía su formación "sustituye a las actuales prestaciones sociales, el Ingreso Mínimo de Inserción y la Ayuda de Inclusión Social, unificando ambas prestaciones, inadecuadas e insuficientes en este momento".

Por su parte, la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Ana Lourdes González, ha mostrado la posición contraria de los populares, ya que el Gobierno riojano "siempre ha sido responsable" en materia de servicios sociales para ayudar a quien más lo necesita.

Ha subrayado que "estamos en la calle y conocemos la realidad", algo que "nos hace actuar con responsabilidad para mantener unos servicios sociales de calidad". En este punto, ha recordado que la mala situación económica que viven muchos ciudadanos tiene su punto de origen en la "herencia socialista", si bien ha señalado que "ahora se han sentado las bases de la recuperación económica".

El portavoz del Grupo Mixto ha dicho compartir "al cien por cien" el objetivo de la Renta de Ciudadanía planteada por los socialista, sobretodo en "estos momentos de avaricia y egoísmo de seguir creciendo de unos pocos a costa de los más pobres". Ello, ha conllevado, según ha apuntado a una situación de pobreza que "es preocupante".

De hecho, ha lamentado que en la actualidad haya 80.000 riojanos que pueden estar padeciendo "pobreza extrema".

Proposiciones rechazadas

Antes, los votos del Grupo Parlamentario Popular han rechazado una Proposición No de Ley, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista que exigía al Gobierno central la inversión "real" necesaria para el cumplimiento del plan de infraestructuras para nuestra Comunidad Autónoma reclamado por dicho Gobierno regional y apoyado por los agentes sociales y económicos durante los últimos años.

La misma suerte corrió otra propuesta, en este caso del Grupo Parlamentario Mixto, para que el Parlamento "muestre su total rechazo a la decisión del Parlamento Europeo de dejar fuera de la financiación de la Red Transeuropea de Transportes a la Comunidad Autónoma de La Rioja, por considerarla una decisión injusta, arbitraria y que supone un grave daño para el futuro de nuestra comunidad, y exija que se reconsidere esta postura y se incluya, en el plazo de dos meses, la financiación de los tramos riojanos de ferrocarril y otras infraestructuras".

A continuación, se ha debatido, otra Proposición No de Ley de los socialista en la que pedían la retirada del Anteproyecto de Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) y a la apertura de un proceso de diálogo para el análisis de las necesidades y los objetivos mediante un documento abierto de trabajo de objetivos y diagnóstico para debatir con la comunidad educativa, Consejo Escolar del Estado, consejos escolares autonómicos, expertos educativos, comisiones de Educación del Congreso y el Senado, parlamentos autonómicos, la FEMP y la Conferencia Sectorial de Educación. Ha sido rechazada por el PP.

Finalmente, los regionalistas, a través de otra Proposición No de Ley, han pedido el Gobierno riojano realice un estudio sobre la situación laboral del sector de la comunicación, que no ha prosperado.

El pleno ha concluido con la aprobación de las Leyes de apoyo a emprendedores, autónomos y pymes, y de Hacienda Pública de La Rioja.