La Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social de la Región de Murcia (EAPN-RM) y el Colegio de Trabajadores Sociales han denunciado públicamente que unas 2.000 familias esperan, durante meses, "en los cajones" del Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) para recibir la prestación de la Renta Básica de Inserción (RBI).

Critican que, otro año más, el IMAS "se ha visto desbordado por el número de solicitudes de la prestación de Renta Básica de Inserción", una prestación que "viene a garantizar que las familias que han agotado todo tipo de ayudas por desempleo, cuenten con un mínimo de ingresos para hacer frente a gastos básicos de alimentación, agua, luz, vestido, vivienda, educación o salud", recuerdan.

Según informaron fuentes de EAPN-RM en un comunicado, algunas familias han presentado reclamaciones "ante el prolongado silencio del IMAS a sus solicitudes", pero lamentan que la respuesta sistemática del IMAS a las reclamaciones es tajante, ya que alegan que "dicha resolución no se dictó por falta de dotación presupuestaria".

EAPN-RM y el Colegio de Trabajadores Sociales critican duramente la respuesta de la Administración Regional, y señalan que "la Renta Básica de Inserción es la última oportunidad para miles de familias en desempleo, el Gobierno regional no puede ignorar a las familias que no tienen nada, no puede incumplir reiteradamente la Ley regional de Renta Básica de Inserción".

Durante el pasado Debate sobre el Estado de la Región, EAPN-RM recuerda que el presidente Ramón Luis Valcárcel "mostraba su compromiso de que las instituciones, por responsabilidad, no podemos dejar de prestar atención a quienes hoy precisan de nuestra ayuda para salir adelante", lo que se tradujo en la resolución cuarta, instando al Consejo de Gobierno a "que recoja todas las necesidades de la Renta Básica de Inserción".

En alusión a estas palabras, el portavoz del Colegio denuncia la actuación del Gobierno regional, ya que "mientras el presidente Valcárcel promete responsabilidad en la Asamblea, el IMAS contesta a las reclamaciones indicando que no hay presupuesto".

Recuerda que hace justo un año "se repetía la situación", y el IMAS "admitía que estaba desbordado por el número de solicitudes que no se podían atender por falta de presupuesto y porque cada vez más familias de clase media se estaban encontrando sin ningún ingresos".

El Gobierno regional aumentó entonces de cuatro a cinco millones de euros el presupuesto para 2013, pero la partida "se agotó durante el primer trimestre con las familias que esperaban desde 2012", añade la Red de Lucha contra la Pobreza.

No obstante, la Red insiste en que, durante el debate sobre el Estado de la Región, el presidente Valcárcel "prometió un nuevo incremento del 30 por ciento, es decir, 1,5 millones de euros para atender un millar de solicitudes y durante la segunda reunión habló de un millón de euros".

El 29 de julio, coincidiendo con una rueda de prensa de una veintena de familias afectadas, en representación de un gran número de familias que se estaba coordinando para reclamar su derecho, el IMAS "anunció que con el millón de euros prometido se atendería a 480 familias a partir de agosto".

"Valcárcel reconoció que un millar de familias estaban a la espera, pero únicamente se amplió el presupuesto para la mitad" critican los denunciantes. Durante el debate de los presupuestos el 10 de diciembre, EAPN-RM recuerda que la diputada Soler Celdrán declaraba que la partida "es una partida abierta y una partida que está preparada para ampliarse en un momento por si fuera necesario".

"Ahora es necesario ampliar la partida, la Renta Básica de Inserción será nuestra línea roja en la lucha contra la exclusión", afirma el presidente de la EAPN-RM, Jesús Salmerón, anunciando que trabajarán para que "no solo se mantenga, sino que empiece a funcionar de manera adecuada, ya que es el único recurso que les queda a las familias en situación de pobreza y exclusión. La ley reconoce la Renta Básica como un derecho subjetivo por lo que es hora de dar cobertura a todas las solicitudes".

"La cifra más importante es la de los cero euros que ingresan cientos de familias al mes. Familias que, con la Ley en la mano, ven cómo transcurren los meses, quedando en papel mojado", sentencia el portavoz de los trabajadores sociales.

EAPN-RM y el Colegio lanzan un mensaje al Gobierno regional, explicando que "las familias están al límite esperando, día tras día, ven transcurrir semanas y meses sin que el Gobierno se dirija con sinceridad y les explique que la sociedad murciana está comprometida con que ningún vecino de esta Región se quede sin comer, sin agua corriente, sin luz, sin vestido, sin material escolar, sin vivienda, en definitiva, evitar que caiga en exclusión social o empezar a salir de ella"

Insisten en su reiterada reclamación al Gobierno regional para que incluya entre sus prioridades la Renta Básica de Inserción, y exigen la publicación urgente del reglamento de aplicación de la Ley de Renta Básica necesario para su regulación con seguridad jurídica, así como la agilización en la tramitación de los expedientes; la información amplia y generalizada a toda la población; y contundencia en las fechas de pago, evitando los retrasos y acumulación de hasta dos meses como sucedió en el año 2012.

"Es el segundo año consecutivo que cientos de familias murcianas no son atendidas por falta de presupuesto; el sexto año aplicando una cuantía mínima de 300 euros cuando la Ley exige un mínimo de 400 euros (75 por ciento del IPREM), cantidad que sigue dejando a los perceptores por debajo del umbral de la pobreza extrema.

La EPA del segundo trimestre arrojó cifras de más de 17.000 nuevos parados en la Región, mientras disminuía en 4.000 el número de murcianos con derecho a prestación por desempleo. En total, recuerda que más de 20.000 parados han perdido en el último año su derecho a prestaciones por desempleo, sumando ya 130.000 personas, mientras que 64.000 hogares cuentan con todos sus miembros activos en desempleo.

"En nuestra comunidad, ni se crea empleo ni se garantizan ingresos mínimos para que las familias y los ciudadanos puedan atender dignamente sus necesidades", por lo que se preguntan "qué salida les queda a estos miles de familias y de ciudadanos?".