Los abogados de Herrira denuncian la "ilegalidad" de la operación desarrollada contra la plataforma de apoyo a los presos de ETA, Herrira, y creen que vulnera "gravemente" derechos y libertades fundamentales, como "el derecho a la libertad, de asociación, a la defensa y a un proceso justo". Además, han anunciado que recurrirán las medidas cautelares impuestas, que consideran "desproporcionadas e injustas", y reclamarán que se decrete "su nulidad de pleno derecho".

En una rueda de prensa celebrada en Bilbao, el letrado Alfonso Zenon ha denunciado que el operativo ha supuesto "una grave vulneración de derechos y libertades fundamentales", y ha subrayado que presenta "claros tintes políticos y militares".

Tras señalar que Herrira "es una asociación legalmente constituida, con una Junta Directiva y registrada en el registro de Asociaciones del Gobierno vasco". "Tal y como consta en sus estatutos, su objeto social es la defensa de los derechos fundamentales de los presos consecuencia del conflicto político existente en Euskal Herria, un objeto social perfectamente legítimo y justo que, con esta operación, han pretendido anular", ha señalado.

Zenon ha recordado que las personas que han trabajado en la asociación de apoyo a los derechos de los presos de ETA "lo han hecho de forma pública y transparente, manteniendo relaciones con la totalidad de agentes políticos, sindicales y sociales".

"Sus iniciativas han sido públicas y plurales, siempre en apoyo de reivindicaciones que gozan de un amplio consenso en la sociedad vasca, como con el traslado de los presos a Euskal Herria, poniendo así fin a la dispersión, la abolición de la Doctrina Parot o la liberación de los presos gravemente enfermos", ha señalado.

En este sentido, ha criticado "la detención arbitraria de 18 personas durante tres días, su traslado a Madrid y la posterior imputación de graves delitos", entre ellos su compañero, también abogado, Oscar Sánchez, que desarrolla su labor profesional en Behatokia.

De esta forma, ha dicho que "se han impuesto a varios de ellos fianzas de miles de euros y medidas cautelares desproporcionadas, como la prohibición de tomar parte en actividades políticas y sociales absolutamente legítimas".

Alfonso Zenon ha recordado que efectivos de la Guardia Civil irrumpieron, "armados hasta los dientes, en locales en los que se realizaba una actividad pública, en locales de otras asociaciones como Etxerat, TAH o behatokia, y hasta en despachos profesionales de abogados". "Se han llevado ordenadores de varios abogados, obstaculizando así su labor profesional y consumando un grave ataque al derecho de defensa", ha aseverado.

De esta forma, ha explicado que "los registros practicados fueron nulos, en algún caso, y llenos de irregularidades en otros". "El registro de la sede de Bilbao se realizó sin presencia de detenido alguno, lo que supone su nulidad", ha aseverado. También ha denunciado que la incomunicación de los detenidos "permite espacios opacos y de impunidad policial".

INFORMES

Los abogados defensores de los arrestados de Herrira, tras la lectura de los informes y las diligencias de la instrucción judicial, no observan "un solo indicio de actividad delictiva, ni por parte de Herrira como asociación, ni por parte de ninguna de las personas detenidas e imputadas en el procedimiento".

"Herrira es una asociación con personalidad jurídica, a la que se ha registrado y clausurado sus sedes, se han cerrado paginas webs, perfiles de Facebook y cuentas de Twitter, se han bloqueado cuentas bancarias y se ha decretado el cese de sus actividades, sin que se le haya, ni siquiera, notificado esa circunstancia a la Asociación, lo que supone un total desconocimiento del procedimiento legal establecido", han apuntado.

Tras personarse en el procedimiento, su pretensión es que se les notifique las medidas cautelares, que creen "injustificadas y desproporcionadas", con el fin de presentar recurso y solicitar su nulidad de pleno derecho.

Por ello, señalan que la operación contra Herrira "fue, desde la raíz, ilegal, contraria a los más elementales principios del derecho y vulneradora de los más esenciales derechos fundamentales", como "el derecho a la libertad, al derecho de asociación, a la defensa y a un proceso justo", recogidos en los convenios internacionales.

En su opinión, este operativo "perseguía un único fin, poner obstáculos a la defensa de los presos, políticos vascos y criminalizar la defensa de sus derechos, en un nuevo intento de criminalizar a los abogados" que trabajan "en este ámbito", pero, sobre todo, "supone un claro ataque" contra los presos de ETA.

"Por todo esto, nos reafirmados en que, pese a operaciones como la referida, desde nuestra labor profesional como abogados, seguiremos con nuestro trabajo en defensa de los derechos que, sin duda, asisten a los presos, refugiados, a los detenidos y a la asociación Herrira", han concluido.