Según explicó Ana Zapardiel, trabajadora social de la asociación, casi el 60 % de los 300 encuestados -todos miembros de esta asociación- son víctimas directas y el 40,2 % familiares.

Principales secuelas 36 meses después

Otro dato significativo es que, mientras la necesidad de tratamiento psicológico ha descendido en las víctimas de un 48,6 % a un 27,8 %, la atención a familiares se ha incrementado en un 12,1 %.

Entre las víctimas encuestadas, el 82 % sufrieron los atentados del 11 de marzo de 2004 y el 18 % la explosión del piso de Leganés (Madrid) el 3 de abril de ese mismo año, en el que murieron siete terroristas islamistas.

En referencia al área del atentado, el 27,9 % de los afectados no han obtenido el reconocimiento oficial como víctimas de la masacre, mientras que el reconocimiento del 4,5 % restante todavía está en trámite.

"Un dato muy significativo es que casi la mitad de las víctimas ha acudido en dos o más ocasiones al tribunal médico para la valoración de secuelas, lo que ha afectado negativamente a su recuperación psicológica, porque el acudir reiteradamente para la valoración de sus secuelas suponía para ellos una puesta en duda de su condición de víctimas", explicó Zapardiel.

En cuanto al área social del estudio, casi la mitad de las víctimas ha valorado que la información recibida de las Administraciones Públicas y el Ministerio del Interior ha sido insuficiente.

El estudio destaca que el 22,1 % de las víctimas ha recibido la incapacidad permanente como consecuencia del atentado, un 4,4 % están jubiladas por secuelas físicas y psicológicas sufridas y un 10,6 % continúa de baja laboral, mientras que casi un 8 % de los familiares ha tenido que desatender su trabajo porque han tenido que dedicarse al cuidado de las víctimas.

Por último, el 86,1 % de las víctimas cree que la postura del Gobierno con respecto a ETA es "desacertada", y el 87,2 % que la política actual en materia antiterrorista es "ineficaz".