La consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, ha hecho un llamamiento al Gobierno central para que se modifiquen los Presupuestos Generales del Estado (PGE) con el fin de reforzar la partida destinada a la aplicación de la Ley de Dependencia.

Durante su intervención ante el Pleno del Parlamento, la consejera ha señalado que para la Junta es una prioridad la aplicación de la ley de Dependencia, a pesar de las dificultades por la retirada de financiación por parte del Gobierno central. Así, en Andalucía, hay 173.600 personas (el 70 por ciento, mayores) que se benefician de la citada norma y más de 200.000 las prestaciones.

"Andalucía se creyó desde el principio esa ley, estamos convencidos de que es necesaria y de que hay que consolidar los derechos adquiridos porque no podemos renunciar a ellos", ha recalcado.

Sánchez Rubio, que ha puesto en valor el trabajo de su antecesora en estas políticas, María Jesús Montero, en unos momentos de muchas dificultades, ha señalado que hay un "recorte cierto y real" en la ley de dependencia, apuntado que en los PGE de 2012 se suprimió el nivel acordado, lo que supuso 70,7 millones de euros menos para Andalucía, a los que, con posterioridad, se añadieron otros 18 millones.

Ha señalado que la Junta tiene que afrontar, con menos presupuesto, la atención a las personas ya reconocidas por la Ley de Dependencia y a las nuevas, mientras que están "paradas" las consideradas en una situación moderada.

La consejera ha querido dejar claro que el Gobierno andaluz va a seguir trabajando para garantizar la prestación de los servicios, teniendo que adaptarse a una realidad muy compleja y difícil de abordar.

De otro lado, ha puesto de manifiesto que Andalucía es un lugar de referencia para el envejecimiento activo, según ha constatado la Unión Europea, que se basa en el reconocimiento de los derechos humanos de las personas mayores, de su independencia, participación o dignidad. Se trata, según ha apuntado, de considerar la etapa de envejecimiento como un ciclo más de crecimiento personal.

La consejera ha indicado que desde la Junta se han impulsado un programa estratégico de envejecimiento activo y políticas que benefician a las personas mayores y a la sociedad en su conjunto, apuntando que en un contexto de crisis como el actual es más necesaria que nunca esta red de protección pública, cuando se reducen pensiones y la prestación de servicios. "La personas mayores son y serán una prioridad" para el Gobierno andaluz, según ha sentenciado.

Ha destacado como uno de los instrumentos que contribuyen al envejecimiento activo la tarjeta andaluciajunta65, con más de un millón de personas que se benefician de la misma de manera gratuita, la mayoría mujeres. Dicha tarjeta supone un importante ahorro para los mayores en varios servicios y en la compra de determinados productos.

En cuanto al servicio de teleasistencia, Sánchez Rubio señalado que es de gran importancia para cubrir la soledad de muchas personas mayores, por cuanto ofrece atención individualizada 24 horas al día, con unos resultados "magníficos".

Ha aludido también a las importantes políticas de carácter sociosanitario dirigidas a las personas mayores.

PP-A

Pide que no se confronte con el gobierno central

Por su parte, la diputada del PP-A Rosario Torres ha criticado "las falsedades" de la Junta en relación con la política de mayores y ha confiado en que la nueva consejera sea capaz de dar respuesta a las necesidades de este colectivo, porque hasta ahora no ha sido así. Ha señalado que el objetivo de la reforma de las pensiones que ha impulsado el Ejecutivo nacional es evitar que se vuelvan a congelar, como ocurrió con el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, e impedir la quiebra del sistema.

Asimismo, ha puesto de manifiesto que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2014 garantizan el estado del bienestar, con una apuesta decidida para los mayores. Ha indicado que los gobiernos socialistas de Andalucía han "recortado" la dotación de los programas sociales año tras año y no han cumplido compromisos como el derecho al salario social o la renta básica.

Soto ha lamentado que estas políticas se hayan gestionado en los últimos años "con la tijera y pancarta y sin sensibilidad ni respeto" ante los más necesidades. Ha expresado que las políticas sociales no deben ser un "campo de batalla" partidista, porque las víctimas no son los políticos, sino las personas que sufren y tienen necesidades. ha pedido también a la Junta que no se busque la confrontación con el Gobierno central en esta materia.