El Grupo Socialista en las Juntas Generales de Bizkaia ha presentado una iniciativa en la que emplaza a la Diputación vizcaína a pedir ante el Consejo de Administración de San Mamés Barria una auditoría de las condiciones en las que están desarrollando su actividad todas las empresas contratadas o subcontratadas en la construcción del campo de fútbol.

Asimismo, la Proposición No de Norma registrada por el PSE-EE recoge la necesidad de que la institución foral traslade al Consejo la constitución de una comisión de seguimiento de las obras para "evitar nuevos incumplimientos".

A juicio de la apoderada socialista Alexia Castelo, es preciso que la Diputación compruebe las denuncias hechas públicas en los medios de comunicación sobre pagos irregulares, "iniciando actuaciones de inspección para determinar si alguna de las empresas que trabajan o han trabajado en estas obras ha cometido fraude fiscal".

Tras recordar que los sindicatos han denunciado "jornadas abusivas y graves y reiterados incumplimientos de la normativa laboral y de seguridad y salud laboral", la representante socialista resalta que "esto está pasando en una obra financiada con dinero público, en una obra adjudicada por una sociedad donde tres de sus cinco socios son administraciones públicas que tienen la obligación de procurar y velar por el bienestar de las personas".

"Administraciones a las que les es exigible controlar cómo se gasta el dinero público, que deben impedir que se cometan ilegalidades, que han de velar por la defensa de los derechos de todas las personas, pero especialmente de las más débiles y, en este caso, la parte más débil son los trabajadores de San Mamés Barria", añade.

El PSE advierte de que la Diputación "no puede mirar para otro lado porque las condiciones en las que llevan a cabo su labor los trabajadores en San Mamés Barria, sin respetarse las más elementales normas de seguridad y salud laboral, están incrementando exponencialmente el riesgo de sufrir accidentes de trabajo".

Finalmente, recuerda que "a esta obra todavía le quedan meses de tajo", por lo que insta a la Diputación a "comprometerse activamente en garantizar que en esta obra financiada con dinero de todos los vizcaínos se respeta íntegramente la legislación vigente", en este caso, especialmente el convenio provincial del sector de la construcción de Bizkaia y la normativa de seguridad y salud laboral. "Para nada valdrá lamentarse después cuando ya no haya remedio", concluye.