La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Palma juzgará este miércoles, a partir de las 10.00 horas, a dos acusadas de organizar viajes de ciudadanos filipinos desde su país hasta España, facilitándoles para ello pasaportes ilegítimos a fin de que pudieran introducirse en el Estado español y permanecer en él sin la correspondiente autorización administrativa.

En concreto, la Fiscalía solicita ocho años de prisión para Letizia G.L., quien presuntamente se dedicaba a organizar los traslados, y seis años para Leslie O.E., intermediaria en el cobro de las cantidades que abonaban los familiares de los filipinos residentes en España, sin recibir a cambio contraprestación alguna. Sobre las inculpadas pesa un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.

Tal y como sostiene la acusación, los hechos durante el año 2004, cuando Letizia G.L., privada de libertad por esta causa los días 9 y 10 de agosto de 2007, comenzó a organizar los viajes entregando pasaportes ilegítimos después de que los ciudadanos filipinos le dieran su pasaporte y diversas fotografías, a cambio de lo cual recibía dinero de ellos o de sus familiares, tanto en persona como a través de transferencias bancarias.

Una actividad presuntamente ilícita en la que colaboraba Leslie O.E., según la Fiscalía, que señala cómo una de las filipinas afectadas abonó a cambio de viajar a Palma 50.000 pesos filipinos mientras que su madre, que residía en España, pagó la cantidad de 4.000, después de que Letizia G.L. contactase con ella en un restaurante de Manila y le propusiera efectuar el viaje.

Mientras tanto, la madre de otro de los pasajeros abonó un total de 1.547 euros, al tiempo que la acusada recibió de otra perjudicada 4.280 euros, una parte en efectivo y la otra mediante transferencia, mientras que la hija de esta afectada pagó 500 euros a la inculpada, a pesar de que el viaje nunca llegó a realizarse.

Finalmente, Leslie O.E. percibió 3.130 euros de otro afectado a fin de realizar los trámites necesarios para que su sobrina viajara a España, sin que el traslado llegase a efectuarse. No obstante, la acusada le reintegró el dinero posteriormente después de que aquél acabara denunciándola por estos hechos. A parte de las penas de prisión, la Fiscalía reclama que la primera de las acusadas abone 4.280 euros a una de las afectadas y 1.547 euros a otra de ellas.