El delegado del Gobierno andaluz en Málaga, José Luis Ruiz Espejo, ha destacado, como primera valoración de la sentencia del caso 'Malaya', el hecho de que el Tribunal haya querido "hacer justicia" con el municipio malagueño de Marbella, pidiendo "la restitución del patrimonio expoliado".

Ruiz Espejo hacía referencia así a que en la sentencia, hecha pública este viernes, se establezca que "el Tribunal se hace eco del deseo y la esperanza de los ciudadanos de Marbella de que parte del dinero que por decomiso se recaude en este proceso revierta en beneficio de la localidad".

A la espera de conocer en profundidad los fundamentos jurídicos, el delegado de la Junta ha incidido en que "la sentencia debe empezar a poner punto final a un período negro de la historia de Marbella, un período que debe quedar atrás para que la ciudad pueda labrarse otra vez un futuro con seguridad y esperanza".

"El mero hecho de la celebración de este juicio debe ser un ejemplo para los ciudadanos de que la Justicia ha empezado a funcionar y, lo que es más importante, a reparar el daño causado", ha manifestado el representante de la Junta en Málaga.

En este sentido, ha señalado que uno de los objetivos principales debe ser la reparación del daño causado al patrimonio de Marbella y a sus ciudadanos, abogando también por la idea del Tribunal del caso de que se revierta a la ciudad el dinero que se recaude en el proceso, tal como aprobó en su día el Parlamento andaluz.

Ruiz Espejo ha afirmado que serán los servicios jurídicos de la Junta los que deban estudiar en profundidad una sentencia tan voluminosa —con más de 5.700 folios— y ha destacado también el papel de acusación pública de la Comunidad Autónoma, por los perjuicios económicos y urbanísticos causados por esta trama de corrupción.

Papel de la junta

Al respecto, ha resaltado el papel de la Junta en sus litigios contra el Ayuntamiento de Marbella en la etapa de Jesús Gil y Juan Antonio Roca, ya que se impugnó por primera vez una licencia irregular en 1992 y se recurrieron ante los tribunales 400 permisos urbanísticas del Consistorio marbellí.

"Con la actuación de la Junta de Andalucía se logró evitar la construcción de 10.000 viviendas ilegales, una vez que los tribunales cambiaron el criterio inicial y empezaron a suspender cautelarmente las licencias que otorgaba el Ayuntamiento", ha indicado el delegado, para quien "desde el primer momento el Ejecutivo andaluz hizo lo que estuvo en su mano en función de sus competencias".