La Subdelegación del Gobierno en Segovia ha abierto expediente sancionador a ocho de las personas que se manifestaron a las puertas del Teatro Juan Bravo el pasado 17 de junio contra el Palacio de Congresos que se construye en la localidad de Palazuelos de Eresma.

Los manifestantes aprovecharon la presentación del proyecto que lidera la Diputación con apoyo económico de la Junta para lanzar gritos de protesta e insultos al paso de la consejera de Agricultura y Ganadería, Silvia Clemente.

Fuentes de la Subdelegación han informado a Europa Press de que se han abierto ocho expedientes para sancionar el incumplimiento de la obligación de comunicar la concentración.

De esta forma, ha salido al paso de las acusaciones de la Plataforma Unitaria contra la Crisis 'Cumbre Social de Segovia', que ha pedido la dimisión de la subdelegada, Pilar Sanz, por las denuncias interpuestas por una protesta en la que según ha asegurado "no hubo altercados más allá de los pitos y silbidos".

La Subdelegación ha recordado que la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana contempla como infracción grave la celebración de reuniones en lugares de tránsito público o de manifestaciones incumpliendo lo preceptuado en la Ley de Derecho de Reunión, cuya responsabilidad corresponde a los organizadores o promotores.

Ha añadido asimismo que la normativa vigente establece que la celebración de reuniones en lugares de tránsito público y de manifestaciones deberán ser comunicados por escrito a la autoridad gubernativa correspondiente por los organizadores o promotores con una antelación de diez días naturales como mínimo y 30 como máximo. Precisa, de cualquier forma, que si existen causas extraordinarias que justifiquen la urgencia de la convocatoria, la antelación mínima podrá ser de 24 horas.

La Subdelegación ha indicado, no obstante, que en ningún momento se comunicó la concentración del 17 de junio, motivo único por el cual se han tramitado los expedientes, que no pretenden castigar en este caso desórdenes públicos, según ha incidido.

La Administración estatal en la provincia ha señalado que la mayor parte de los colectivos, asociaciones y organizaciones que se han movilizado en la calle cumplen con este requisito y ha recordado que el pasado 21 de marzo, por una situación similar, Pilar Sanz se reunió con representantes de la Plataforma para pedirles que atendiesen esa condición legal.

En noviembre de 2012 la Subdelegación ya abrió expedientes a varios miembros de la Plataforma que sin comunicación previa irrumpieron en el vestíbulo de la oficina principal de Bankia para protestar durante la jornada de huelga general. Los expedientes, finalmente, quedaron sobreseídos.