Los 35 votos de PSOE, Foro, IU e UPyD han sido suficientes para aprobar este viernes en el pleno de la Junta General del Principado de Asturias (JGPA) una proposición no de ley presentada por Foro que pedía acciones legales contra el reparto del déficit. Aunque desde el PSOE se dijo que el Principado ya ha recurrido el reparto asimétrico, la portavoz de Foro y defensora de la iniciativa, Cristina Coto, le ha recordado que la proposición fue registrada por su partido a comienzos de agosto, antes de que el Gobierno recurriera.

Por su parte, el PP decidió abstenerse. Su diputada Emma Ramos ha dicho que la iniciativa llega fuera de tiempo y que, por lo tanto, "carece de sentido". Ha señalado que Asturias tiene en estos momentos otros temas más importantes de los que ocuparse.

El diputado del PSOE José María Pérez ha manifestado que entiende la iniciativa de Foro como un "respaldo" al recurso del Gobierno y ha criticado las políticas del Gobierno de Mariano Rajoy con Asturias, aludiendo al proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2014, que recoge la mayor caída de inversión de todo el país en el Principado.

La iniciativa de Foro contaba con una segunda parte en la que se explicaban los fundamentos jurídicos que el Principado debería aplicar para el recurso. Este punto no fue aprobado, al entender algunos grupos un "exceso" hacia los servicios jurídicos del Principado. El PP volvió a abstenerse.

Por otra parte, en la sesión plenaria de este viernes, el diputado de UPyD Ignacio Prendes consiguió sacar adelante íntegramente una moción que pide al Principado que establezca en un mes que los nuevos criterios de determinación de la capacidad económica y del nuevo sistema del copago en materia de dependencia produzcan sus efectos a partir del momento de la notificación a los beneficiarios.

Se solicita además que se garantice de manera efectiva la exención del copago en el servicio de ayuda a domicilio para aquellos beneficiarios con una capacidad económica inferior al Iprem mensual. Y que reitere su compromiso de minimizar el perjuicio que para los beneficiarios asturianos pueda derivarse de las medidas del Acuerdo del Consejo Territorial del 10 de julio de 2012.