La Xunta de Galicia abrirá, el próximo 15 de octubre, una oficina en Santiago destinada a prestar asesoramiento a las personas en riesgo de desahucio, además de a "ofrecer alternativas" para "paliar sus efectos" una vez que la ejecución hipotecaria se ha llevado a cabo.

Lo ha anunciado el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, en rueda de prensa tras la reunión del Consello de la Xunta, donde ha hecho hincapié en que el objetivo es "evitar los desahucios y reducir sus efectos cuando se produzcan".

Así, ha explicado, esta oficina trabajará tanto con personas que no tienen "un proceso judicial abierto" como con las que sí cuentan con procesos en curso. En el primero de los casos, su labor será "evitar sentencias de desalojo" y, en el segundo, encontrar "una alternativa" tanto en forma de trabajo como de vivienda.

Para este colectivo, de hecho, la Xunta cuenta con un parque de 500 viviendas de promoción autonómica, tanto en régimen de alquiler como de compra, de las que 20 ya están siendo utilizadas, como ha apuntado Feijóo.

En cuanto a las personas que aún no tengan su situación judicializada, se trata de "evitar sentencias de desalojo", y para ello contarán con "asesoramiento jurídico y económico" en la mencionada oficina.

"caso a caso"

Tal y como ha destacado el máximo mandatario gallego, el fin de esta unidad ubicada en Santiago es "acompañar" a las familias y "buscarles una solución caso por caso", bien sea en el ámbito judicial o en las fases previas.

Para ello, ha explicado, la oficina contará con dos técnicos especializados en derecho y economía, que prestarán asesoramiento y realizarán funciones de mediación con las entidades financieras, y con un trabajador social y un psicólogo.

A ella podrán acudir las personas que lo necesiten, al igual que las organizaciones que trabajan en el ámbito de los desahucios, pero fundamentalmente trabajará con la información que reciba de los servicios sociales de los propios ayuntamientos.

Programa reconduce

Al hilo de ello, Feijóo ha recordado que, en virtud de un convenio "pionero" de la Xunta con la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), los jueces ponen en conocimiento del Gobierno autonómico los casos de familias en situación de especial vulnerabilidad "antes" de que entre en vigor su sentencia de desahucio.

De este modo, esas personas o familias reciben "atención social, justicia gratuita y apoyo en la búsqueda de una vivienda alternativa".