El fiscal superior del País Vasco, Juan Calparsoro, ha lamentado la "escasez de medios" para combatir los casos de corrupción y ha abogado por adoptar las reformas legales necesarias para "activar mecanismos de prevención", así como por implantar un "sistema creíble" de recogida de denuncias que "no excluya" las anónimas. Asimismo, ha advertido de que el aforamiento supone "una fuente de dificultades que retrasa sobremanera la instrucción y causa frecuentes problemas de nulidad".

Durante la apertura del nuevo año judicial, el fiscal superior vasco ha defendido que la corrupción, "un fenómeno criminal que se encuentra entre las primeras preocupaciones de la sociedad", debe ser "combatida con el mayor rigor" y ha advertido de que no puede darse "un combate eficaz" contra este fenómeno "sin una conciencia colectiva éticamente comprometida y sin voluntad política y un sistema judicial capaz y resuelto".

Calaparsoro ha asegurado que, si no se lleva a cabo una actuación "lo suficientemente decidida y enérgica", se corre el riesgo de "incrementar una sensación de impunidad que sirva para extender comportamientos irregulares o corruptos, que generalice críticas infundadas o sectarias cuestionando irresponsablemente la labor de muchos servidores públicos que cumplen honestamente con su deber".

En este sentido, ha denunciado que la "escasez de medios" representa "un importante obstáculo" para el impulso de unos procedimientos judiciales que "en demasiadas ocasiones se dilatan excesivamente en el tiempo". Asimismo, ha reclamado que los poderes públicos deben evitar "cualquier injerencia u obstaculización" a la acción de la Justicia y prestar "su colaboración absoluta".

El fiscal vasco ha abogado por abordar en el ámbito internacional "de forma contundente" la desaparición de los paraísos fiscales y, en materia de prevención de blanqueo de capitales, ha considerado "insuficiente la actual lista de cargos que según la Ley 10/2010 constituyen Personas Expuestas Políticamente, que debería ajustarse a la realidad social y política de nuestro país".

Tras lamentar que la prevención y la educación son "poco menos que inexistentes", ha señalado que el legislativo debe adoptar las reformas legales necesarias para "activar mecanismos de prevención, que permitan aumentar la capacidad de prospección de las instancias de fiscalización administrativa, profundizando en la transparencia de las actuaciones administrativas para evitar la situación actual de burocracia y complejidad procedimental que es un caldo de cultivo ideal para la corrupción".

Entre estas medidas, ha citado "la atribución a un órgano independiente o autónomo del encargo de ejecutar o coordinar las políticas y prácticas de prevención adecuadas, dotándolo de los medios materiales y humanos necesarios".

Asimismo, ha pedido "la racionalización y sistematización de esas políticas y prácticas", de manera que constituyan un programa "coherente y uniforme" de prevención de la corrupción adaptado a la realidad social y que integre "normas o códigos de conducta de los funcionarios públicos", incluidos los titulares de cargos políticos.

Reforzar "las garantías de reclutamiento" de los cargos públicos, que confiera carácter penal a las infracciones de los regímenes de exclusividad e incompatibilidad, y los "planes de prevención de riesgos de gestión, incluidos los riesgos de corrupción e infracciones conexas" son otras de las medidas planteadas.

Calparsoro ha apostado por implantar "un sistema creíble" de recogida de quejas de los ciudadanos, que "no excluya las denuncias anónimas". "El carácter endémico que la corrupción tiende a asumir aconseja que no se desvaloricen las denuncias anónimas. Ellas constituyen, muchas veces, la única forma de participación de los ciudadanos en la actividad de control de la corrupción", ha resaltado Calparsoro.

También se ha señalado que el aforamiento, "configurado como una supuesta garantía", es, en la práctica, "una fuente de dificultades que retrasa sobremanera la instrucción y causa frecuentes problemas de nulidad". De este modo, ha explicado que se plantean situaciones como "la demora procesal" o "la división del objeto procesal".

El fiscal superior del País Vasco se ha referido también a los procesos de ejecuciones hipotecarias, sumándose a la "mayoritaria satisfacción" por la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo que declara "la inadecuación" de la legislación española a la normativa comunitaria sobre cláusulas abusivas.

En esta línea, ha pedido a los poderes ejecutivo y legislativo que se acometa "una profunda reforma" del sistema hipotecario español que palie las consecuencias del "drama social" que se está provocando.

Asimismo, ha reclamado que la crisis no debe afectar al derecho de tutela judicial efectiva y de un proceso "sin dilaciones indebidas". Según ha indicado, "los mecanismos de pago en la justicia pública están produciendo efectos disuasorios en un gran número de ciudadanos, desactivando en la práctica el derecho constitucional de acceso a la justicia".

A su entender, los fiscales deben presentar "un renovado esfuerzo" en los campos en los que los efectos de la crisis "se hacen notar con especial intensidad".

Calparsoro ha exigido que no se permanezca "impasibles" ante el "problema social de primer orden" que se ha generado en relación a las aportaciones subordinadas, con casos "variados y complejos para admitir un tratamiento común".

Por otro lado, ha considerado necesario un nuevo Código Procesal Penal que otorgue la instrucción al Ministerio Fiscal, bajo la supervisión de un juez de garantías y con unidades adscritas de Investigación Criminal, así como la reforma de su Estatuto Orgánico para introducir "mecanismos eficaces de garantía de nuestra autonomía, tanto hacia fuera como en el ámbito interno de la propia institución".

Asimismo, ha pedido, en materia presupuestaria, que el Ministerio Fiscal disponga la dotación de medios materiales y humanos "que merece".

Datos de 2012

El fiscal superior vasco ha explicado que, durante el último ejercicio, la tendencia al descenso del número de procedimientos penales se vio "confirmada e incrementada". En concreto, en Euskadi se abrieron 124.898 causas, un 1,90 por ciento menos que en el año anterior.

Entre los datos que ha destacado, se encuentra el aumento de los procedimientos por estafa en un 21,47 por ciento y por insolvencia punible un 380 por ciento, mientras que disminuyeron un 31,37 por ciento los relativos a delitos contra la Hacienda Pública. Se incoaron doce diligencias de investigación por fraude fiscal o fraude de subvenciones.

Los robos en domicilio subieron un 16,25 por ciento y los robos con violencia un 17,99 por ciento, "si bien parece que este año se está corrigiendo esta tendencia".

Pese al "significativo retroceso" de los delitos más comunes, en 2012 el Ministerio Público en el País Vasco formuló 11.949 acusaciones, un 4,16 por ciento más que el año anterior, y se tramitaron 359 diligencias preprocesales de investigación que se concentraron en los ámbitos de especialización "propios de la nueva realidad criminológica", como los delitos contra la ordenación del territorio, la violencia de género o la siniestralidad laboral, y en especial los más complejos delitos económicos y contra la Administración Pública. Se archivaron 163 y se remitieron a los juzgados 196.

Durante el año pasado, se incoaron 68 procedimientos por delitos contra la Administración Pública, de los que 28 fueron por prevaricación administrativa. Se formularon siete escritos de acusación y se dictaron 21 sentencias en el conjunto de juzgados y tribunales vascos.