El exalcalde de Casarabonela (Málaga) Sebastián Gómez, acusado de conceder una licencia presuntamente ilegal, ha asegurado que firmó el decreto para otorgarla "con la completa seguridad de que se correspondía con el expediente" y sin saber que había un informe técnico desfavorable, porque no constaba; apuntando que no supo de supuestas irregularidades hasta que recibió la denuncia de la Guardia Civil, momento en el que ordenó la paralización.

El Juzgado de lo Penal número 10 de Málaga ha juzgado este miércoles al exregidor, para el que la Fiscalía pide un año de prisión y ocho de inhabilitación para cargo público por un delito contra la ordenación del territorio. También ha juzgado al particular que pidió la licencia, para el que solicita nueve meses de cárcel, multa de 6.700 euros e inhabilitación para hacer obras durante dos años y seis meses. Según han informado a Europa Press fuentes judiciales, el fiscal ha mantenido la acusación en ambos casos.

Gómez ha asegurado que el decreto de concesión lo realizaba una técnico, misma persona que hizo el informe negativo; pero ha indicado que a él sólo le presentaban el decreto, sin saber si dicho informe era favorable o no, ya que en el decreto no se precisaba si el permiso estaba condicionado a que se presentara un proyecto de ejecución.

Ha insistido en que cuando llegó la denuncia del Seprona de la Guardia Civil es cuando "comprobamos que había un informe desfavorable y que la licencia estaba condicionada", por lo que "inmediatamente" procedieron a paralizar las actuaciones. Además, ha apuntado que el nuevo secretario le comentó que había algún problema con la publicación de las normas subsidiarias.

El otro acusado ha dicho que no tenía amistad con el alcalde, aunque lo conocía; y que cuando se le dio la licencia no se le hizo advertencias de que no se podía empezar la obra. Ha asegurado, además, que cuando le pidieron que presentara un proyecto de actuación, lo hizo. Asimismo, ha indicado que supo que había problemas cuando llegó la Guardia Civil.

Según las conclusiones iniciales del ministerio fiscal, este particular solicitó en febrero de 2006 la licencia municipal para reforma y ampliación de una vivienda unifamiliar en el término municipal de Casarabonela. Se abrió un expediente y en mayo de 2007 la técnico municipal emitió un informe "no favorable".

"A pesar de ello", dice la acusación pública, el entonces alcalde dictó un decreto otorgando el permiso "sin informe jurídico y sin condición alguna, a sabiendas de la ilegalidad de dicha concesión". Unos días después se notificó la concesión de la licencia especificándose en el decreto de notificación que era "necesario presentar el proyecto de ejecución para comenzar las obras".

Pero, el fiscal sostiene que "sin aportar ningún documento más al expediente", el particular comenzó las actuaciones consistentes en la ampliación de la vivienda, obra realizada en suelo clasificado como no urbanizable rural, según las normas urbanísticas vigentes en ese momento en Casarabonela.

Según el ministerio público, la construcción no es susceptible de legalización y fue llevada a cabo por el particular "tratando de ampararse en una licencia ilegal, al haberse concedido pese al informe desfavorable del arquitecto-técnico y sin presentar proyecto de ejecución".