El conseller de Salud, Familia y Bienestar, Martí Sansaloni, ha admitido en una respuesta escrita, ante una pregunta formulada por el grupo parlamentario MÉS, que el servicio de Epidemiología no se hizo un seguimiento de Alpha Pam, inmigrante senegalés que falleció por tuberculosis, por no contar con ninguna identificación nominal correcta del afectado -quien no disponía de tarjeta sanitaria- hasta que recibió la comunicación de su defunción.

En su respuesta, a cuya transcripción ha tenido acceso Europa Press, el conseller afirma que "en ningún momento" el servicio dispuso de ninguna información que hiciera referencia al domicilio o a su teléfono de contacto, después de que la diputada Fina Santiago preguntase si, sospechándose de que podía tratarse del caso primario de un brote de tuberculosis, se considera suficiente haberle llamado tres veces al móvil.

El conseller ha incidido en que la falta de datos sobre Alpha Pam impidió que pudieran comunicarse telefónicamente con él ni acudir a ningún domicilio. Según ha puesto de manifiesto Santiago en declaraciones a Europa Press, esto supone "un reconocimiento claro" de que el servicio de Epidemiología "no conocía la situación de esta persona, lo que refuerza nuestra tesis de que no disponer de tarjeta sanitaria te deja al margen de la sanidad o puede matar".

"Si la hubiera tenido, el servicio hubiera podido tener acceso a sus datos", ha señalado la parlamentaria de MÉS, quien ha insistido en la necesidad de que los inmigrantes en situación irregular puedan volver a disponer de tarjeta sanitaria, después de que el Real Decreto Ley 16/2012 supusiera la exclusión de este colectivo del sistema nacional de salud, excepto en supuestos especiales.

Asimismo, Santiago ha incidido en el hecho de que Sansaloni debe dimitir de su cargo ante los hechos producidos en este contexto. Precisamente, MÉS interpuso en los Juzgados de Inca una denuncia para que se investiguen a las personas que pudieran haber sido responsables de los delitos de denegación de auxilio y de omisión del deber de socorro por la muerte del joven senegalés, de 28 años.

Mientras tanto, el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Palma, Pedro Barceló, exigió una fianza de 12.000 euros a dos ONG's -la Asociación de Senegaleses de Mallorca y la de Drets Humans de Mallorca- y dos sindicatos -UGT y la Confederación General de Trabajo de Baleares (CGT)- para que puedan ejercer acciones penales contra Sansaloni y otros altos cargos del Govern a raíz del fallecimiento de Alpha Pam.

La querella iba dirigida, asimismo, contra el director general de Salud Pública y Consumo, Luís Rafael Santiso, el director del Servei de Salut, Miquel Tomàs, y el exdirector de la Fundación Hospital Comarcal de Inca, Fernando Navarro, quien fue cesado a raíz de estos hechos.

Las entidades afirman que los querellados, de forma "arbitraria, conjunta y preconcebida", implantaron "burdamente" un sistema sanitario a los extranjeros no autorizados como residentes, estableciendo un mecanismo de cobro automático e "indiscriminado" por el "mero hecho de que carecieran de tarjeta sanitaria, sin tener en consideración si dichos extranjeros tenían derecho a la asistencia gratuita" o por encontrarse en uno de los supuestos especiales de la anterior Ley.

En este estado de cosas, los querellantes, asistidos por el letrado Pablo Alonso de Caso, apuntan a "uno de los casos más graves y deplorables ocurridos a consecuencia de la maquinación fraudulenta impuesta por los querellados", en alusión a la muerte de Alpha Pam, que "no es un caso extraordinario y excepcional, sino que es el más trágico de los que han acontecido hasta la fecha y que, de no haber actuado los querellados de forma arbitraria, se hubiera evitado".

Fue el pasado 23 de febrero cuando Pam acudió al centro de salud de Can Picafort acompañado de su amigo Kalidou cuando le derivaron al hospital de Inca para que le realizaran una valoración y radiografía del tórax con la finalidad de confirmar o descartar el contacto con tuberculosis ante la sintomatología que presentaba.

Así, el día 28 acudieron al centro hospitalario con la hoja de derivación de Atención Primaria de Can Picafort, en la que la facultativa adscrita a este centro hizo constar "juicio diagnóstico contacto con tuberculosis" así como "plan de actuación derivo a urgencias del hospital comarcal de Inca para 'rx tórax' y valoración, ya que ha habido brote de 'tbc' (tuberculosis) en Can Picafort y sospechamos que éste sea el caso primario".

Prueba médica de cinco minutos y diagnóstico de bronquitis

A pesar de ello, la querella asevera que le fue denegado el acceso a urgencias por carecer de tarjeta sanitaria en el departamento de admisión. Días después, debido al empeoramiento de la salud del afectado, acudió de nuevo al hospital el 5 de abril, donde su amigo, "con contundencia y vehemencia", requirió al centro para que le atendieran, viéndose obligado a "chillar por la pasividad que el centro de salud mantenía ante el estado de salud del señor Pam y que le causaba una gran impotencia".

El centro decidió así admitirle, no sin antes cumplimentar el compromiso de pago, donde tuvo que esperar más de 40 minutos hasta que fue atendido. Según la denuncia, la asistencia médica duró apenas cinco minutos -previamente se le denegaron la radiografía del tórax que se le debía realizar-, siéndole diagnosticada una bronquitis. Días después y "de nuevo desesperadamente" ante el empeoramiento de su estado de salud, acudió al centro hospitalario pero se le denegaron las pruebas que le habían prescrito en Can Picafort.

Poco después, el 21 de abril, Pam falleció en su domicilio de Can Picafort. Los resultados de la autopsia que se le practicó confirmaron que murió por tuberculosis.