Javier Boix, letrado del expresidente provincial del PP y de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, ha pedido en el juicio que la Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana, que ejerce de acusación popular, sea apartada del procedimiento al considerar que ocasiona una "acusación sorpresiva" que vulnera derechos fundamentales de su cliente, que está acusado de tráfico de influencias, cohecho y cuatro delitos contra la Hacienda Pública.

El abogado ha explicado que la jusrisprudencia indica que el auto de procedimiento abreviado delimita la determinación de hechos punibles y la identificación de la persona a la que se imputan "y si una acusación se excede en la delimitación de los hechos punibles, ocasiona acusación sorpresiva".

Al respecto, ha señalado que la UCE alude al cobro de 11 millones de pesetas en 2011 por parte de Carlos Fabra "que no se recoge en el auto de procedimiento abreviado", mientras también se hace referencia a María Amparo Fernández —la exmujer del exdirigente 'popular' como acompañante de Carlos Fabra en todo lo que se relata—, "cuando no se dice nada en el procedimientos abreviado".

El letrado ha apuntado que todas las referencias que se hacen para configurar el tráfico de influencias que no están en el procedimiento abreviado constituyen la acusación sorpresiva, por lo que ha solicitado que la UCE sea apartada del procedimiento antes de continuar el juicio.