El portavoz municipal, Rafael Perezagua, ha lamentado hoy la actitud "irresponsable" del grupo del PP en la oposición ante su petición constante de que el Plan de Ordenación Municipal se saque a información pública y se paralice la ciudad. Perezagua solicita responsabilidad ante este asunto porque dice una paralización del POM significaría incluso, no poder tramitar el modificado del Hospital de Toledo.

"La paralización del POM solicitada constantemente desde filas 'populares' perjudicaría gravemente los intereses de los toledanos dado que la realización de una segunda información pública del documento lo anularía temporalmente negando la tramitación de cualquier tipo de licencia requerida al Ayuntamiento", ha señalado el concejal.

A este respecto, el portavoz municipal ha recordado que "incluso" la sentencia de 24 de abril de 2012 de la Sala de lo Contencioso Administrativo de Albacete hacía referencia al daño que traería este asunto para la ciudad, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Así, la sentencia indica:"(*)los perjuicios que se ocasionarían con la ejecución provincial de la sentencia afectarían no solo a los intereses de promotores, constructores, propietario de suelo, posibles adquirientes de vivienda, etc, sino también a intereses públicos y generales relevantes en cuanto a la prestación de servicios públicos (*)".

En este sentido, Perezagua también ha afirmado que la paralización del POM supondría un gasto de 11.730 millones de euros, lo cual queda reflejado en el citado texto legal.

Perezagua ha recordado que el POM de Toledo se realizó en base a la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística regional (LOTAU), que contó con el beneplácito y los informes preceptivos favorables de la Junta y que el texto se encuentra ahora en esta situación tras las sentencias que insisten en la necesidad de realizar una segunda información pública, según dicta la normativa de ámbito Estatal.

En sentido, el portavoz considera que existe un "conflicto competencial" en materia urbanística que puede afectar a muchos Ayuntamientos" y, por ello, ha propuesto a la Administración regional que ofrezca seguridad jurídica a los entes locales y que tramite una "iniciativa de amparo" ante el Tribunal Constitucional con el fin de que los Ayuntamientos conozcan "exactamente el camino urbanístico que deben emprender".