El coordinador general de IULV-CA, Antonio Maíllo, ha participado este domingo en unas jornadas en Antequera (Málaga) sobre banco público de tierras para Andalucía, una cuestión que desde la formación de izquierdas asumen con "inmediatez" y cuyo debate, en palabras del propio dirigente andaluz, quieren cerrar pronto, "desde luego antes de final de año".

En declaraciones a los medios, Maíllo ha explicado que hablar de un banco de tierras no es hacerlo de "una abstracción, sino del uso de las propiedades públicas al servicio de la creación de tejido productivo, de la explotación, la generación de economía social o cooperativa y de garantías de canales de distribución".

El líder de la coalición de izquierdas en Andalucia, que ha resaltado que la comunidad es "una potencia en el sector agroalimentario", ha expresado la apuesta de su formación política por el campo andaluz y por la capacidad de generar riquezas desde un principio como es "poner al servicio de la sociedad las fincas de carácter publico".

En este sentido, ha apuntado que ahora toca "concentrarse en configurar y definir las propuestas sobre esta cuestión para después cerrar el modelo en el Gobierno andaluz y el Parlamento". Así, Maíllo ha indicado que se va a trabajar "sobre el modelo que IU quiere de banco público y a partir de un diagnóstico de la realidad de hectáreas que hay en Andalucía que son propiedad de la Junta o Gobierno, apostar por un modelo concreto como es el de explotación de uso".

No obstante, Maíllo ha abogado por debatir las fórmulas, que espera que sean "flexibles y variables", aunque apuesta porque algunas sean de carácter inmediato con sentido experimental en alguna finca pública en desuso en Castellar de la Frontera (Cádiz), que configuren cómo sería el modelo definitivo y regulado.

El coordinador general de IULV-CA reconoce que el plano político actual es "importante" para definir el modelo de banco público y precisa que cuando habla de inmediatez "habla de afrontar el debate con carácter estratégico y prioridad". Así, ha apuntado que las propuestas que se debatan en las jornadas que celebre el partido "deben definirse en los órganos de IU con carácter definitivo como base de la negociación con otras fuerzas políticas".

"Asumimos el asunto con inmediatez, pues el campo andaluz no puede esperar y los trabajadores en paro tampoco", ha afirmado Maíllo, que ha insistido en que, desde esa premisa, "nos ponemos hoy en el pistoletazo de salida de un debate que queremos cerrar pronto, desde luego antes de final de año".

Para ello mantendrán reuniones con organizaciones agrarias y colectivos vinculados al campo andaluz, ya que, a su juicio, es "importante" que esta propuesta sea desarrollado con alianzas con los sectores afectados. "Los tiempos los marcaremos en función de las alianzas, propuestas y acuerdos, pero serán ritmos rápidos", ha reiterado.

De otro lado, ha indicado que de forma paralela al desarrollo del debate y la configuración del modelo hay que hacer un diagnóstico de las tierras públicas existentes. "La Consejería de Agricultura del Gobierno andaluz anterior hablaba de 500 hectáreas, si bien podemos hablar de una realidad de inicio con cifras entre 5.000 y 6.000 hectáreas".

El objetivo, según Maíllo, es "la suma de todas las fincas públicas que no están en uso de explotación agrario para trabajarla estableciendo mecanismos de explotación y creando tejido productivo".

DECRETO-

Ley de patrimonio agrario andaluz

Cabe recordar que IULV-CA plantea la aprobación de un decreto-ley de patrimonio agrario andaluz, que incluye la creación del banco público de tierras y la expropiación de fincas que incumplan la función social de la propiedad y lleven sin explotarse dos años, como mínimo, siendo susceptibles de explotación agraria, ganadera o forestal, y también de aquellas en las que de modo manifiesto no se aprovechen correctamente los medios o recursos disponibles como consecuencia de obras construidas o auxiliadas por el Estado u otros entes públicos.

Así se recoge en el borrador del citado decreto, al que ha tenido acceso Europa Press y que ha sido elaborado por IULV-CA conjuntamente con organizaciones sociales y sindicales. Dicha iniciativa ha sido debatida este domingo en unas jornadas sobre el banco público de tierras y en la que también participarán las organizaciones sociales y sindicales, como Ecologistas en Acción, SAT o COAG.

En lo que se refiere a las expropiaciones, IULV-CA plantea en dicho borrador que este proceso se iniciará a propuesta de los municipios afectados u organizaciones sociales, ambientales, empresariales y sindicales con mayor implantación en la comarca en la que se asiente la finca y tras informe técnico de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.

Asimismo, podrán ser objeto de un proceso de expropiación aquellas fincas o explotaciones agrarias en las que se constate de modo objetivo que su modo de explotación genera "graves daños ecológicos" al medio ambiente circundante o al resto de explotaciones limítrofes, o pudiera afectar de modo grave a la salud de los habitantes de la comarca, a propuesta de los municipios afectados u organizaciones sociales y tras informe técnico de la Consejería.

Además, en aquellas comarcas en las que por causa de interés social manifiesto y en aras de dar una respuesta urgente a problemas de "desempleo generalizado", la Junta podrá iniciar procesos expropiatorios de fincas rústicas para incorporarlas al Patrimonio Agrario Andaluz en el marco de la legislación estatal sobre expropiaciones.

Si bien, la declaración de emergencia social se acordará mediante decreto del Consejo de Gobierno, tras haber oído a los municipios afectados, así como a las organizaciones sociales, ambientales, empresariales y sindicales con mayor implantación en la comarca en la que se asiente la expropiación.