Las en torno a 1.250 familias andaluzas afectadas por los atrasos en los pagos en retroactividad en la Ley de Dependencia, agrupadas bajo el nombre de 'Atrasos de la Ley de Dependencia en Andalucía', dicen sentirse "esperanzados" ante el pago correspondiente al año 2012 —el plan de pagos establecido por la propia Administración se prolongaba por un periodo de cinco años desde 2012 a 2016—, con cargo al plan de pago a proveedores aprobado en junio por el Gobierno central.

Rosa María Guijo Curado, portavoz de los afectados —que ya cuentan con más de 1.250 amigos a través de Facebook— ha explicado, en declaraciones a Europa Press, que a mediados de septiembre los afectados recibieron una llamada del Servicio de Teleasistencia "diciéndonos que les había dado la orden la Junta para traernos un documento de pago porque nos íbamos a acoger al plan de pagos a proveedores, con el que se nos reconocía la parte de la deuda correspondiente a 2012".

El problema, continúa, "es que ha habido problemas" al respecto como, por ejemplo, "el haber dado por muertas a algunas personas que siguen vivas", por lo que "algunas de las familias se han quedado fuera y han tenido que reclamar". Además, "posteriormente leímos en prensa que el Gobierno central se negaba a que nos acogiésemos al plan de pago a proveedores".

No obstante, desde el Teléfono de Atención a la Dependencia de la Junta "nos dijeron que no tenían constancia de que no se fuera a pagar", señala Guijo Curado, quien añade que "les aseguraron que harían todo lo posible por pagar y que hasta el 31 de diciembre los afectados podían cobrar". Además, también señalaron que "en caso de que se negara el Gobierno central, nos mandarían una carta certificada", afirma.

En este sentido, la consejera de Hacienda y Administraciones Públicas, María Jesús Montero, aseguró el pasado martes, a preguntas de los medios de comunicación en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno sobre si la Junta puede garantizar a las familias de los dependientes el cobro de las ayudas por cuidado familiar que tiene comprometidas, que con el plan de pago a proveedores se "garantiza" el cobro de estas prestaciones.

Además, Guijo ha querido destacar que la llegada de María José Sánchez Rubio a la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales "ha movido el tema", toda vez que ha manifestado que la nueva titular "empatiza con nuestras circunstancias y lucha por nosotros", lo que hace que "no nos sintamos tan vacíos". "Nos sentimos más esperanzados a la vez que asustados, porque viene la alegría de la esperanza, pero también el miedo de la decepción", concluye.