El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Ronda (Málaga), encargado del caso 'Acinipo', contra la presunta trama de corrupción urbanística en dicha localidad, investiga la devolución presuntamente irregular de un aval de 845.423 euros constituido por la constructora Arenal 2000 del empresario Rafael Gómez Sánchez, 'Sandokan', por obras llevadas a cabo por dicha empresa en el municipio.

En esta causa se investigan delito de prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales y tráfico de influencias y giraba inicialmente sobre varias operaciones urbanísticas, como el antiguo recinto ferial y la construcción de un centro comercial. Las detenciones se produjeron en septiembre de 2011, entre ellas la del exalcalde Antonio Marín Lara.

Según consta en uno de los tomos del sumario, cuyo secreto se ha levando, desde el Ayuntamiento de Ronda se remitió a la Fiscalía en febrero de 2013 el expediente de devolución del aval constituido en garantía de las obras llevadas a cabo por la empresa en el sector de 'La Planilla', devolución que fue "firmada desfavorablemente por los técnicos competentes" y autorizada en 2008, según consta en el escrito remitido al fiscal por el Consistorio.

Gómez solicitó la devolución de varios avales y el Ayuntamiento autorizó, mediante un decreto de diciembre de 2008, la devolución de uno de estos depósitos de garantías presentadas por la urbanización y construcción de 494 viviendas en dicho sector, apuntando en ese momento que se devolvía "ante la disparidad de los informes obrantes en el expediente y porque hay constancia física de que la urbanización está hecha".

Asimismo, se apuntaba que los importes restantes, que ascendían a 2,9 millones de euros, "cubrirían sobradamente cualquier daño, desperfecto, vício oculto o reclamaciones". Este y otros documentos fueron remitidos a la Fiscalía, quien los remitió al juzgado para su investigación.

Rodríguez de la borbolla

Por otro lado, en dos autos, uno de febrero y otro de marzo de este año, incluidos en los 29 tomos del sumario, cuyo secreto se ha levantado, se alude al expresidente de la Junta de Andalucía José Rodríguez de la Borbolla y a que podría haber asesorado a imputados "en su doble condición de abogado profesional y miembro de un organismo público, el Consejo Consultivo de Andalucía".

Así, se indica que, como se detalla en un oficio, inicialmente habría "indicios objetivos de que los titulares de la cuenta respecto de la que se interesa el mandamiento y en concreto José Rodríguez de la Borbolla" supuestamente podrían haber tenido alguna "relación" con los hechos que se investigan en esta causa, citando a uno de los proyectos.

En una de esas resoluciones se apunta a una posible relación entre un bufete de abogados "y la participación del expresidente de la Junta de Andalucía como consejero permanente en el Consejo Consultivo de Andalucía entre los años 2005 y 2011, presuntamente supervisando el expediente y asesorando a otros de los imputados en su doble condición de abogado y miembro de un organismo público", con capacidad "de informar y resolver determinados expedientes administrativos".

A través de dos autos, la instructora acuerda pedir una serie de investigaciones sobre cuentas corrientes para que se determinen los titulares, apoderados y autorizados, fechas de apertura y, en su caso, cancelación; así como los movimientos bancarios durante los años 2010 y 2011, aludiendo a "elevadas retribuciones" por una "actividad privada incompatible con la pública".

Al respecto, Rodríguez de la Borbolla ha asegurado a Europa Press que le parece "absolutamente lógico que la jueza quiera conocer todos los pormenores de un caso si tiene alguna duda" y ha asegurado que le parece "bien que se investigue y que se aclare".

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