El Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) ha mostrado su más "absoluto rechazo" a la nueva congelación de los salarios de los funcionarios públicos en 2014 y ha presentado un escrito ante la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, para exigir, "de manera urgente", una reunión de la Mesa Sectorial de Negociación con carácter "urgente" para tratar el régimen retributivo de los funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía en 2014 y la recuperación de la paga adicional tras el levantamiento recogido en la Ley 3/2012.

En una nota se indica que el SAF recuerda en su escrito que la Ley 3/2012, de 21 de septiembre, de Medidas Fiscales, Administrativas, Laborales y en materia de Hacienda Pública para el reequilibrio económico-financiero de la Junta de Andalucía, establece en su artículo cuarto de ámbito temporal que "las medidas en materia de personal contenidas en este capítulo tienen carácter excepcional y temporal, siendo de aplicación hasta el 31 de diciembre de 2013. Al término de esta fecha, se revisarán todas las medidas propuestas en esta Ley y se estudiará el levantamiento de la suspensión, en función de la garantía de estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera de la comunidad autónoma de Andalucía".

Con "un 30 por ciento de pérdida de poder adquisitivo en los últimos años, con recortes salariales y supresión de paga extra, y cuatro años de congelación salarial", este sindicato advierte de que los "agresivos recortes" sufridos por los funcionarios marcarán un nuevo calendario "cargado de protestas y denuncias para este otoño".

El SAF apunta que los funcionarios pertenecientes a la comunidad autónoma andaluza "han sufrido enormes recortes respecto al resto" y denuncia la "evidente discriminación padecida por los funcionarios de la Junta, únicos en España que están soportando los recortes en las pagas extraordinarias de los meses de junio y diciembre de este año 2013, así como la pérdida total de las ayudas de acción social". Además, SAF recuerda que los funcionarios andaluces tienen los complementos retributivos más bajos de España.

El Sindicato Andaluz de Funcionarios afirma que las medidas de ahorro y austeridad "deben dirigirse de una vez por todas al cierre de las arcas públicas ante las excesivas subvenciones a sindicatos, a la monumental e injustificada administración paralela, sustitutiva de la función pública, y a los desorbitados sueldos de altos cargos, por ejemplo".

El SAF está dispuesto a llegar a "acuerdos reales y serios", pero no puede tolerar el "linchamiento" al que está sometido el funcionario en Andalucía y denunciará "cualquier medida fuera de la legalidad que continúe azotando al garante de los servicios públicos". Asimismo, el sindicato estará alerta a las informaciones del nuevo equipo de Gobierno andaluz y, como siempre, está trabajando para defender los derechos de los funcionarios públicos y que no continúen convirtiéndose en el centro de la diana en época de crisis.

SAF ya advirtió que la reducción de las pagas adicionales es una medida orientada al cumplimiento de los objetivos de déficit. Con esta medida, aplicable también al personal laboral y unida a la reducción de un 10 por ciento de las percepciones variables, se preveía ahorrar, tal y como matiza el plan de reequilibrio económico financiero, 142,8 millones de euros, justificándolo ante los medios de comunicación en la necesidad de mantener a 25.000 trabajadores del sector público autonómico.

Cree que esta justificación "no tiene razón de ser, pues el coste del mantenimiento de dicho personal perteneciente a la denominada Administración paralela es de más de 840 millones de euros anuales, por lo que el recorte previsto apenas da para pagar el 15 por ciento de dicho personal".

Agrega que los recortes a los servicios públicos "causan graves perjuicios en su prestación" y considera que "efectos colaterales como la merma de la eficacia de los servicios, la generalización de las contrataciones a tiempo parcial del personal temporal, las cargas de trabajo, repercuten directamente en los ciudadanos y en los propios trabajadores". Así lo ha advertido SAF en ocasiones, denunciando ante la Junta de Andalucía que "no repare en gastos a la hora de crear nuevas agencias y estructuras, de mantener edificios administrativos en propiedad y en alquiler, algunos vacíos, o de reducir mínimamente el número de asesores".