Los Presupuestos para 2014 y la reforma de las pensiones llegan al Consejo de Ministros

  • El Ejecutivo dará luz verde a la ley que regula el índice de revalorización de las pensiones, que las desvinculará del IPC.
  • Sobre los Presupuestos, el Gobierno se pone un límite de gasto de 133.259 millones, un 2,7% más que hace un año.
  • Las retribuciones en el sector público quedan congeladas por cuarto ejercicio consecutivo.
El presidente del Gobierno Mariano Rajoy durante una reunión del Consejo de Ministros.
El presidente del Gobierno Mariano Rajoy durante una reunión del Consejo de Ministros.
J. J. GUILLÉN / EFE
El presidente del Gobierno Mariano Rajoy durante una reunión del Consejo de Ministros.

El Consejo de Ministros aprueba este viernes el anteproyecto de ley para los Presupuestos Generales del Estado de 2014, que mantendrán congeladas las retribuciones en el sector público y que se apoyarán en un crecimiento económico previsto para el próximo año del 0,7%.

Además, los nuevos Presupuestos darán luz verde al proyecto de ley reguladora del factor de sostenibilidad y del índice de revalorización del sistema de la Seguridad Social que desvinculará las pensiones del IPC, después de que el Consejo Económico y Social (CES) haya pedido este jueves al Gobierno que no lo haga

Respecto a los presupuestos, el Ejecutivo ha descartado nuevas medidas fiscales más allá del mantenimiento de la subida temporal del IRPF o las modificaciones en el Impuesto de Sociedades, a las que se suman el incremento del IVA.

Por el lado del gasto, el Ejecutivo ha decidido mantener congeladas las retribuciones de los empleados del sector público por cuarto ejercicio consecutivo, así como la tasa de reposición de personal, salvo excepciones.

El Gobierno cuenta con ingresar 128.159 millones de euros y se ha marcado como límite de gasto no financiero 133.259 millones, el 2,7 % más que hace un año.

La subida es consecuencia del aumento de la aportación al Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE) y a la Seguridad Social, sin la cual el gasto no financiero disminuye el 1,3 %, hasta 104.847 millones.

Esfuerzo en el déficit

El proyecto de presupuestos recogerá el esfuerzo en la corrección del déficit que tiene que hacer el Estado central y que pasa por disminuir el desequilibrio de la administración central del 3,8 % al 3,7 % del PIB y el de la Seguridad Social del 1,4 al 1,1 % del PIB.

De esta forma la Administración central y la Seguridad Social asumen una reducción del déficit de cuatro décimas del PIB, que equivalen a alrededor de 4.000 millones.

De las grandes partidas se recortará el gasto disponible de los Ministerios un 0,7 %, hasta 36.042 millones, mientras que se mejoraran las destinadas a investigación, desarrollo e innovación (I+D+i), becas, cultura o deporte.

El proyecto de presupuestos previsiblemente incluirá la revalorización de las pensiones para 2014, que es muy probable que se quede en el 0,25 %, ya que desde el Gobierno se ha advertido de que no hay margen para mucho más.

El 0,25 % es la subida mínima que desde el próximo año estará garantizada por la ley de reforma de pensiones que también será aprobada este viernes en el Consejo de Ministros.

El proyecto de ley incluye un nuevo índice de revalorización que tendrá en cuenta los ingresos y gastos del sistema, y que establecerá —junto a la subida mínima del 0,25 %— un incremento máximo del IPC más el 0,25 %.

Factor de sostenibilidad

Asimismo, se incorporará el factor de sostenibilidad que se aplicará desde 2019 para adecuar el cálculo de la pensión inicial a la esperanza de vida, que se fijará cada cinco año conforme a las tablas de mortalidad de la Seguridad Social.

El Gobierno no cree que desligar la revalorización de las pensiones del IPC vaya a provocar una pérdida de poder adquisitivo significativa para los pensionistas, ya que cuenta con que la inflación de modere y se mantenga en niveles inferiores al 2 %.

Eso ocurrirá en parte gracias a la ley de desindexación de la economía, cuyo anteproyecto será también visto este viernes en Consejo de Ministros y que tiene como objetivo desligar precios y rentas públicas de la evolución del IPC.

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