La Junta ha atendido en la provincia de Málaga en lo que va de año, a través de la Oficina de la Función Social de la Vivienda, 1.913 consultas y ha abierto un total de 1.039 expedientes; además ha actuado para evitar más de 700 desahucios. Así lo ha indicado este jueves el delegado territorial de Fomento y Vivienda, Manuel García Peláez, quien ha informado sobre la Ley de la Función Social de la Vivienda aprobada este pasado jueves y que se espera que se publique este viernes.

En este sentido, García Peláez ha señalado que con la entrada en vigor de esta ley, de los 1.039 expedientes abiertos, en torno a unos 50 podrían verse beneficiados ya que, según ha indicado, más de 30 se corresponden con avalistas y unos 20 con autónomos.

Asimismo, ha recordado que en la provincia de Málaga "iniciamos seis casos de expropiación de viviendas, que se quedaron paralizados por el recurso de inconstitucionalidad que interpuso el Gobierno central", y ha explicado que estos casos "van a seguir su trámite en el momento que se apruebe la ley", además, ha avanzado que existen otros 32 expedientes que podrían acogerse a esta medida.

Ofensiva contra los desahucios

"El Parlamento andaluz con la aprobación de esta ley viene a reforzar la ofensiva contra los desahucios y a defender el alquiler barato, esta medida apoya y amplía el decreto aprobado en abril", ha aseverado, añadiendo que "lo que hace es renovar la lucha que tiene la Consejería de Fomento y Vivienda a favor de las familias más empobrecidas por la crisis y víctimas de la estafa inmobiliaria de la que es cómplice el Gobierno de la Nación".

En este sentido, García Peláez ha explicado que está ley es "mucho más eficaz" que el anterior decreto, ya que, amplía el perfil de los beneficiarios, así ahora podrán acogerse a este medida los avalistas que avalaron con sus propiedades las viviendas de familiares, los autónomos que pusieron sus propiedades como aval para poder obtener un crédito para su negocio, y a los ciudadanos que hicieron hipotecas puente.

Así, ha indicado que la medida "también beneficiará a aquellas personas que han perdido su vivienda y que sigue manteniendo sanciones para las entidades jurídicas que tienen viviendas vacías y para las financieras que no le den un uso social a los inmuebles desocupados".

Además, "se sigue manteniendo, como es lógico, la expropiación temporal de tres años para aquellas personas que han sido embargadas y que están en riesgo de exclusión social", ha indicado el delegado de Fomento y Vivienda en Málaga.

Por lo tanto, ha indicado que "lo que pretendemos es aflorar el máximo número posible de viviendas vacías, de las que en la provincia de Málaga tenemos más de 120.000, muchas de ellas de entidades financieras, y lo que queremos es que se pongan en alquiler".