La Junta de Castilla y León enviará varias enmiendas y una advertencia al Proyecto de Ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local del Gobierno de la nación para intentar corregir algunos cambios con los que no está conforme el Ejecutivo regional, que ha cifrado en cerca de 382 millones de euros el coste que supondrían a las arcas autonómicas esas modificaciones competenciales.

Así lo ha anunciado el portavoz de la Junta y consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno en el que se acordó este asunto "de calado" y del que se hace uso por primera vez para tratar de corregir algunos aspectos de un proyecto de ley nacional que "no benefician para nada" a los ciudadanos de Castilla y León y a los intereses y necesidades de la Comunidad. "No es un brindis al sol, sino un acto de Gobierno", ha defendido.

"Lo ponen difícil", ha reconocido el portavoz de la Junta de Castilla y León quien, tras admitir que ya se han corregido algunos aspectos que fueron objetivo de crítica por el Ejecutivo de Juan Vicente Herrera, ha asegurado que al Gobierno autonómico todavía discrepa en algunos aspectos que, lejos de mejorar la eficiencia de la administración y la reducción del gasto como persigue la ley nacional, incrementarán los costes en cerca de 382 millones de euros.

En concreto, una de las enmiendas busca mantener la actual competencia municipal respecto a la construcción, conservación y mantenimiento de los consultorios locales con dos opciones, suprimir la disposición primera del proyecto de ley que pasa esa competencia a las comunidades autónomas o contemplar la posibilidad de que esa competencia autonómica pueda ser delegada a los municipios en el supuesto que su ejecución material suponga un incremento del gasto, como calcula la Junta.

Según ha explicado De Santiago-Juárez, en Castilla y León hay más de 3.600 consultorios locales, que no centros de salud que gestiona y mantiene la Junta, cuyo mantenimiento, actualmente a cargo de los ayuntamientos y en algunos casos "de forma altruista" por los propios vecinos "porque lo sienten como suyo", supondría un coste aproximado de 30 millones de euros.

De Santiago-Juárez ha insistido en que pasar esta competencia a las comunidades autónomas supondría un "importantísimo" incremento del gasto para las administraciones públicas "en contra del sentido común".

Otra de las enmiendas que ha acordado el Consejo de Gobierno hace referencia a los servicios sociales, donde el Ejecutivo central propone la asunción de las competencias por parte de las autonomías en todo lo relativo a los servicios sociales residenciales.

El consejero de la Presidencia ha explicado que en el caso de Castilla y León el servicio de atención de proximidad que no sea residencial y la residencial se simultanea y se cubre por los 1.500 empleados que trabajan en los CEAS con cargo a las diputaciones provinciales y a los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes con un gasto en torno a los 51 millones de euros, que se duplicarían (102 millones de euros) de tener que seguir las indicaciones del Gobierno que aboga porque las comunidades contraten a otras tantas personas (1.500 en el caso regional) para la atención residencial.

Más plazos para las residencias

Dicho esto, ha compartido que la atención residencial puede ser más eficiente atendida por la Junta dentro de una red residencial pública a lo largo de todo el territorio pero ha abogado por dilatar el periodo de adaptación hasta los 5 años, en lugar del año que contempla la ley nacional, para evitar duplicar gastos o eliminar servicios.

Según sus datos, en Castilla y León hay 9.900 plazas y 240 centros residenciales que actualmente suponen un coste de 226 millones de euros a ayuntamientos y diputaciones, con los que habrá que llegar a un acuerdo y cerrar un plan de reestructuración. Para la Junta, el traspaso de la gestión de estas residencias a la Comunidad supondrá incrementar el gasto en unos 201 millones de euros.

Respecto a la obligación de rendición de cuentas por parte de las entidades locales menores o juntas vecinales —mayoritarias en las provincias de León, Palencia y Burgos— que obligará la norma nacional, la Junta cuestiona el plazo de tres meses fijado por el Gobierno y pide que se dilate este tiempo hasta el 31 de diciembre de 2014, como se ha dado a las empresas y fundaciones públicas que dependen de esas entidades menores y en las que "no hay tradición de dar cuentas".

Además de estas enmiendas, la Junta hace una consideración o advertencia en materia de educación ya que, a pesar de que las trasferencias del mantenimiento de los centros, actualmente a cargo de los municipios, se tienen que hacer una vez esté aprobada la Ley de Hacienda Local y se haya modificado la financiación autonómica, estas funciones supondrán un gasto de al menos 100 millones de euros, que tendrán que ser aportados por el Gobierno autonómico.

"Estamos de acuerdo pero es para que se vayan orientando", ha aclarado el portavoz.

José Antonio de Santiago-Juárez ha aprovechado la ocasión para aseverar que la Junta de Castilla y León no tiene miedo a gestionar ningún tipo de servicio pero ha advertido de que es imposible gestionar sin dinero. "Sí pero con financiación", ha reclamado el portavoz, quien se ha mostrado "encantado" ante la posibilidad de gestionar materias, sobre todo las relacionadas con los servicios esenciales actualmente en manos municipales. En este sentido, ha asegurado no entender a aquellas instituciones que se quieren "quitar" esos servicios.

"Hemos cumplido con nuestra obligación y lo vamos a intentar hasta el último momento", ha sentenciado el portavoz de la Junta, quien ha recordado que esta no es la primera vez que el Gobierno de Juan Vicente Herrera se muestra de forma crítica en contra de esta reforma legislativa.

El portavoz y consejero de la Presidencia se ha mostrado "optimista" respecto a las posibilidades de éxito de estas enmiendas y advertencia, si bien ha admitido que conseguirlo o no dependerá de "la otra parte". Para ello, la Junta remitirá su acuerdo a los tres grupos con presencia en las Cortes de Castilla y León, a PP, PSOE e Izquierda Plural en el Congreso y a PP, PSOE y Grupo Mixto en el Senado, además de al Gobierno de la nación.

Preguntado por la posibilidad de que no se acepten cambios y del sentido del voto de los parlamentarios 'populares', el portavoz ha preferido no hablar de futuribles al mismo tiempo que ha descartado un posible recurso de inconstitucionalidad ya que, aunque el proyecto de ley contemple aspectos que no gusten, no se han visto hasta el momento cuestiones que vayan en contra de la Carta Magna. "Lo sabremos cuando se apruebe", ha concluido.

El portavoz ha apelado en todo momento a las particulares características de Castilla y León, con más de 94.000 metros cuadrados y una población de 2,5 millones de habitantes que "evidencian su dispersión", a lo que ha sumado la existencia de 2.248 municipios, el 27 por ciento del total nacional; 2.227 entidades menores, dos terceras partes de todas las que hay en el país, y 6.161 núcleos de población.

"Esta es la foto a día de hoy", ha informado De Santiago-Juárez para justificar las críticas de la Junta contra un proyecto de ley que supone un "especial impacto negativo" para Castilla y León.