Agentes de la Policía de la Generalitat de la Comisaría de Elche (Alicante) han desmantelado tres talleres clandestinos de fabricación de calzado, que se encontraban en los bajos y garajes de otras tantas viviendas unifamiliares del casco urbano de la localidad, que eran controlados, diariamente, por dos personas que fueron detenidas como presuntas autoras de un delito contra los derechos de los trabajadores.

Según ha informado la Generalitat en un comunicado, hace poco más de un mes, tras las pertinentes investigaciones, se pudo comprobar que dos personas residentes en Cox supervisaban la actividad realizada en tres garajes donde tenían siete empleados trabajando en turnos de mañana y tarde. La mayoría de los trabajadores eran mujeres y todas ellas carecían de contrato laboral en vigor y no cotizaban a la Seguridad Social.

Con la colaboración de funcionarios-inspectores adscritos a la Inspección Provincial de Trabajo con sede en Alicante, dependientes del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, se realizaron las oportunas inspecciones en los locales y garajes localizados y se comprobó como en el interior de uno de los garajes se hallaban en plena actividad de fabricación de calzado un total de cuatro mujeres españolas, así como la "supuesta" empresaria y empleadora de las anteriores.

En otro taller clandestino se pudo localizar trabajando a una mujer de edad avanzada que reconoció que trabajaba sin contrato laboral. En un tercer garaje se encontraban trabajando un padre y su hija, que reconocieron que lo hacían para los detenidos y que por ello recibían una "ínfima cantidad de dinero y que no habían firmado ni suscrito contrato laboral alguno".

Tras las inspecciones realizadas, los detenidos reconocieron que la empresa que regentaban no estaba declarada como legal y que, tanto ellos como los trabajadores empleados en los tres talleres clandestinos, "estaban sin dar de alta en el régimen de autónomos ni en el general de la Seguridad Social".

Productos químicos sin medidas sanitarias

En la misma inspección, se pudo comprobar como los trabajadores utilizaban productos químicos para la fabricación y pegado del calzado tales como colas, disolventes y tinturas (todos ellos altamente tóxicos e inflamables), "sin las más mínimas medidas higiénico-sanitarias".

Además, los garajes-talleres carecían de los medios necesarios para la ventilación y expulsión de gases, "con el peligro que ello supone para la propia salud de los trabajadores", y tampoco tenían contratada ninguna empresa específica para la retirada y reciclado de los residuos tóxicos y sustancias contaminantes homologada por la Generalitat Valenciana.

Por todo ello, los funcionarios de la Inspección de Trabajo levantaron actas para la tramitación del correspondiente expediente sancionador que se realiza a través de la Inspección Provincial de Trabajo, dependiente del Ministerio de Empleo y Seguridad Social del Gobierno de España.

Asimismo, los Policías de la Generalitat tomaron declaración a las trabajadoras en sus mismos puestos de trabajo y, posteriormente, pusieron el caso a disposición de la autoridad judicial competente de Orihuela.