El alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido (PP), ha dado instrucciones a la Secretaría General de la Administración local, para que el Consistorio se persone en las diligencias incoadas por el Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla, comandado por Mercedes Alaya, en torno a los contratos adjudicados por el área municipal de Vía Pública cuando el exasesor del grupo socialista Domingo Enrique Castaño estaba al frente de este departamento. "Es necesario saber qué ha pasado ahí", ha insistido el alcalde.

Estamos hablando de la causa judicial correspondiente a la operación Madeja, que investiga si Castaño, durante su etapa como responsable del área municipal de Vía Pública, aceptó y recibió dádivas a cambio de conceder a determinados empresarios contratos de servicio del Ayuntamiento hispalense. Se trataría, en concreto, de las empresas 'Fitonovo' y 'Fitoverde'. A Castaño se le atribuyen, así, presuntos delitos de cohecho, prevaricación, blanqueo de capitales y fraude y exacciones ilegales.

Los supuestos autores

Las diligencias judiciales, para más detalles, se dirigen contra Domingo Enrique Castaño; su esposa; el administrador de la empresa de infraestructuras y medio ambiente 'Fitonovo', Rafael González Palomo; y el exadministrador de la empresa 'Fiverde' Ángel Manuel Macedo, siendo todos ellos detenidos el pasado mes de julio. Castaño fue el único de los cuatro detenidos que ingresó en prisión, aunque quedó en libertad después de pagar la fianza de 60.000 euros que le impuso la Audiencia Provincial. La Guardia Civil, de su lado, incluye como imputados a la esposa del administrador de 'Fitonovo', Pilar Baró, y al responsable de una gestoría que le llevó las cuentas a esta empresa.

En el marco de la investigación, por cierto, el administrador de 'Fitonovo' declaró ante la juez que entre 2005 y 2006 entregó a Castaño un sobre con 30.000 euros que, según su testimonio, estaba destinado "al PSOE" según le habrían manifestado entonces, toda vez que el dinero "no era a cambio de nada".

Personación en la causa

En ese sentido, el alcalde ha anunciado este jueves, en rueda de prensa, que ha dado "instrucciones" a la Secretaría General del Ayuntamiento para que el Consistorio solicite su personación en estas diligencias en calidad de parte "perjudicada". Como se recordará, la juez Mercedes Alaya había requerido ya al Ayuntamiento toda una serie de contratos adjudicados entonces por el Consistorio y relacionados con los hechos, asegurando el alcalde el cumplimiento estricto de esta orden con la "recopilación" de toda la documentación y su entrega al juzgado.

En cuanto a la decisión de solicitar la personación del Ayuntamiento en la causa, el alcalde ha manifestado que al margen de los supuestos responsables "políticos" de los hechos, en este caso Domingo Enrique Castaño, el avance de la investigación señalaría a algunos "funcionarios" y resulta necesario "saber qué es lo que ha pasado y si esos funcionarios están ahí todavía".

Recordemos que en el auto emitido el pasado 9 de septiembre sobre estas diligencias, recogido por Europa Press, la juez acordaba prorrogar un mes más el secreto de sumario y señalaba que el avance de la investigación dejaba ya entonces "claro" la posible incoación de "nuevas diligencias asociadas".