Los procedimientos penales descendieron en 2012 un 10,3 por ciento en Andalucía, donde la Fiscalía incoó 923.245 asuntos, manteniéndose así la tendencia de años anteriores, pero con un paulatino descenso que "viene determinado por un mayor rigor en los criterios de registro y no por un descenso en la carga de trabajo burocrático real", según se desprende de la Memoria Anual de la Fiscalía Superior de Andalucía, a la que ha tenido acceso Europa Press.

De hecho, según alerta el Ministerio Público, el volumen de asuntos penales incoados por los Juzgados de Instrucción de Andalucía casi representa "la cuarta parte de los incoados en todo el Estado y evidencia una carga de trabajo sin duda excesiva y muchas veces inútil, al atender situaciones duplicadas o alejadas completamente de la investigación criminal".

Por provincias, Sevilla encabeza el número de incoaciones el pasado año, con 228.957 (6 por ciento menos), seguida de Málaga, con 194.878 (con un 24,9 por ciento menos) y Granada, con 144.948 (3,9 por ciento más). No superan los 100.000 asuntos penales incoados las provincias de Cádiz (99.636, lo que supuso un 6,8 por ciento más), Almería (88.906, 22,3 por ciento más), Córdoba (76.816, un 4,1 por ciento menos), Jaén (47.698, 12,5 por ciento menos) y Huelva (41.406, 4,2 por ciento más).

El número de incoaciones de diligencias previas sostiene la tendencia de años anteriores y no se incrementa "y se aleja, con lentitud", de la cifra redonda del millón de causas que se alcanzó hace algunos años. "Este paulatino descenso viene determinado por un mayor rigor en los criterios de registro y no por un descenso en la carga de trabajo burocrático real que es el índice que verdaderamente nos proporciona la cifra global de incoaciones de diligencias previas", se señala en la memoria, que recoge además los comentarios de algunos fiscales jefes, que aseguran que estas cifras suponen por ello "una simple litigiosidad penal potencial".

La Fiscalía llama la atención sobre la evolución de las cifras de los últimos cinco años, y recuerda que el número máximo de incoaciones tuvo lugar en los años 2008 (1.024.368) y 2009 (1.037.267). Desde entonces, las cifras han disminuido, primero hasta 925.806 supuestos en 2010 y posteriormente hasta los 973.237 del 2011 o las 923.245 que han sido contabilizadas en el ejercicio anterior.

Los números hacen concluir además que se ha producido "una cierta estabilidad en las formas más comunes de delincuencia", y así lo evidencian los procedimientos abreviados incoados (37.581 el pasado año, similar a años anteriores), o las diligencias urgentes —juicios rápidos—, que alcanzaron los 44.385 casos (45.189 en 2011).

"despenalización" de los juicios de faltas

La Fiscalía Superior reflexiona en su memoria acerca de los juicios de faltas, y considera conveniente su "despenalización", salvo situaciones excepcionales vinculadas con las faltas de lesiones o hurto, con el objetivo de "buscar una solución en el ámbito gubernativo y sin necesidad de establecer fórmulas de control jurisdiccional". Esta despenalización traería consigo "el impulso de las investigaciones criminales más complejas desarrolladas por los Juzgados de Instrucción", sostiene el departamento que dirige Jesús García Calderón.

Por otra parte, la Fiscalía señala además que el número de escritos de acusación presentados acredita igualmente la estabilidad en las cifras de delincuencia real. En total, el pasado año se presentaron un total de 62.688 calificaciones, incrementándose de manera significativa desde los 58.322 casos contabilizados en el ejercicio anterior. En años anteriores la evolución resultó un tanto irregular pero "no en exceso". Las cifras (66.101 en 2010, 57.666 o 62.257) variaron en atención a diversas reformas legislativas del Código Penal.

En lo que respecta a su actividad investigadora, la Fiscalía recuerda que en 2012 ha sido muy destacada en cuanto a la trascendencia de los temas investigados, "no tanto en cuanto al volumen estadístico que se presenta relativamente bajo en comparación con años anteriores". La causa fundamental de esta rebaja numérica se debe a que, "para mejor control y mayor eficacia", se están acumulando en unas mismas diligencias de investigación todas las denuncias relativas a la adquisición de las llamadas 'participaciones preferentes', que han sido tramitadas conjuntamente.

Según se apunta en la memoria, la labor de la Unidad de Policía Judicial Adscrita ha sido "fundamental" para la solución amistosa de numerosos casos y para la determinación de la posible responsabilidad penal que haya podido existir; trabajo que se sigue desarrollando en este año 2013 en las distintas Fiscalías del territorio, y que ha sido coordinado con la oficina del Defensor del Pueblo Andaluz.

El número de investigaciones realizadas en 2012 ha sido de 97 con una sola pendiente de finalización al concluir el año, destacando las incoadas de oficio "para aclarar graves irregularidades observadas en algunos organismos públicos" como la Diputación Provincial de Almería, la Consejería de Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía o la empresa pública Invercaria.

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