La Fiscalía de Extranjería lamenta que el Centro de Internamiento de Extranjeros de Algeciras (Cádiz); el único de estas características de Andalucía, siga sin servicios sociales, según recoge la memoria anual del Fiscal Coordinador de Sala de Extranjería, que indica que en sus instalaciones hay "importantes obras de mejora del todo punto necesarias".

En el informe se recuerda que se ha llevado a cabo el cierre y desmantelamiento del CIE de Málaga, tal y como había reclamado la Fiscalía reiteradamente y remarca la realización de esas necesrias obras en el centro gaditano y también en el de Madrid, que alberga a la mayor parte de los internos procedentes del norte de España.

También valora negativamente el cierre de la sección de mujeres del CIE de Murcia, hecho que provoca que la mayoría de ellas se remitan al Centro de Internamiento de Extranjeros de Valencia, "con las dificultades que ello comporta de deslocalización" y pone de manifiesto la baja ocupación del CIE de Hoya Fría en Santa Cruz de Tenerife, que con 238 plazas mantuvo una tasa media mensual de siete internos en el año 2012 y el descenso general de ocupación en el CIE de Madrid.

En términos generales, en cuanto a las condiciones de estos centros el Fiscal destaca que es "imprescindible" adoptar las medidas adecuadas para mejorar la atención sanitaria y la asistencia social de los internos y asegura que comparte "sin matices" las deficiencias denunciadas por la Oficina del Defensor del Pueblo.

En este punto, remarca que no pueden compartirse las previsiones contenidas en el Proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento de Centros de Estancia Controlada de Extranjeros, que en su artículo 16 establece "importantes modulaciones, cuando no restricciones" al derecho a la atención sanitaria cuando establece que esta se dispensará en un plazo máximo de 72 horas, algo que al Fiscal le parece "rotundamente contrario a la asistencia médica urgente".

Los fiscales de Extranjería del territorio nacional emitieron el año pasado un total de 11.760 dictámenes sobre autorizaciones judiciales para el ingreso de inmigrantes sometidos a un expediente de expulsión en CIE, un 16 por ciento menos que en 2011, y en uno de cada cuatro casos el Fiscal desaconsejó esta medida.

Concretamente, un 25,1 por ciento de los dictámenes fueron desfavorables frente al 74,9 por ciento de favorables, lo que significa un incremento de un 1,5 por ciento con respecto al año anterior de los casos en que el Fiscal aconsejó que el inmigrante fuera detenido.

Así se desprende de la memoria anual del Fiscal Coordinador de Sala de Extranjería, donde se recoge que, en total, el año pasado fueron privados de libertad en estas instalaciones 11.325 personas de los que fueron efectivamente expulsados o devueltos algo más de la mitad, un total de 5.924 extranjeros.

Sustitución de la pena de cárcel por la expulsión

El informe indica asimismo que el año pasado los fiscales emitieron 2.255 dictámenes informando favorablemente que se sustituyera la pena de cárcel a un extranjero imputado en causas penales por la expulsión del territorio nacional, medida que fue aplicada finalmente a 127 personas. Asimismo, fueron expulsados 812 internos, después de que la Fiscalía revisara 6.194 de estos expedientes.

Entre las cuestiones pendientes de desarrollo "más urgentes y perentorias", el Fiscal enumera: la elaboración de un reglamento específico que regule de manera definitiva el régimen de internamiento de los extranjeros sometidos a expedientes de devolución o expulsión; la elaboración del Protocolo Marco de Menores Extranjeros No Acompañados y el cierre del sistema de Protección de Víctimas de Trata de Seres Humanos mediante el desarrollo y adecuación territorial en cada Comunidad Autónoma del Protocolo Marco estatal.

Además, aunque los criterios de los fiscales para pronunciarse sobre el internamiento de extranjeros están normalizados, el informe apunta que ha sido origen de "verdadera controversia" la posibilidad de informar favorablemente el internamiento de ciudadanos de la Unión Europea cuando se ha dictado decreto de expulsión por la autoridad gubernativa.

La primera postura defiende que es conforme a ley la adopción de la medida de internamiento para los ciudadanos comunitarios, cuando concurren las exigencias de excepcionalidad y proporcionalidad, argumentación "poco objetable", según el Fiscal. Mientras, en Fiscalías Provinciales como la de Madrid la negativa descansa en la apreciación de que la expulsión de un ciudadano de la UE debería llevarse a cabo dentro de las 72 horas posteriores a su detención lo que haría del internamiento una medida desproporcionada.

Desciende el número de menores no acompañados

Por otro lado, el informe revela que en el año 2012 llegaron a España 275 menores extranjeros sin compañía de un adulto en pateras u otras embarcaciones similares, lo que supone un descenso de un 22,9 por ciento respecto al año anterior.

Además, advierte de que a esta cifra debe añadirse la llegada en pateras a lo largo del año 2012 de 35 bebés junto con adultos que afirmaban tener un vínculo paterno o materno filial con el niño sin acreditarlo de manera indubitada mediante una documentación fehaciente.

En total, a lo largo del año 2012, los fiscales incoaron 1.973 diligencias preprocesales de determinación de edad, lo que supone un descenso del 18,40 por ciento con respecto al año 2011 y en el 67,8 por ciento de los casos se trataba de menores de edad. El mayor número de diligencias se realizó en Algeciras y en Melilla así como en las costas andaluza, murciana y alicantina, aunque en Barcelona se alcanzó el doble que en Madrid.