«Además, muchos vecinos nos dicen que esos vehículos pueden ser robados, lo cual es más preocupante, porque se engaña al cliente», añade.

Por eso, anuncia mano dura: «No podemos permitirlo de ningún modo», aunque «resulta difícil pillar a esta gente porque están organizados y a veces es difícil de demostrar que ejercen esa actividad. Por eso es fundamental que haya testigos».

Además de la colaboración ciudadana, el Consistorio de aquí, para detener esta práctica ilegal, aplica una ordenanza (en vigor desde mayo) que impone duras multas de hasta 3.000 euros (antes sólo eran de 90 euros).

«Se ha endurecido la norma porque antes le resultaba al vendedor más rentable pagar la multa y volver», dice Revenga. «Ahora hay nuevos brotes de revendedores. Las zonas más afectadas, Carolinas, Cabo de Huertas y cerca de Maisonnave», agrega.

En 2005, el Ayuntamiento sancionó a dos personas por ejercer esta actividad. «Nos llevaron a juicio y lo perdieron», concluye Revenga .

‘Gangas’ de 900 a 3.000 euros

Los precios de venta de estos coches oscilan entre 900 y 3.000 euros, dependiendo de los kilómetros y matrícula. La Unión de Consumidores recuerda a los «incautos» compradores que no hay ante quién reclamar en caso de «fraude o estafa». En la plaza Manila, antes de ser remodelada, una red de vendedores usaban a ancianos para que vigilaran por si venía la Policía.

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