(AMP) La Cámara pide un nuevo marco normativo para garantizar la igualdad de condiciones y evitar la situación de Megasa

PSdeG y PPdeG se enrocan en una negociación por el puerto seco de Monforte que culmina sin acuerdo tras más de 1 hora y a punto de lograrse
Comisión I
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EUROPA PRESS/REMITIDO
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La Comisión de Industria pide revertir la situación de desigualdad en la que se encuentra la empresa naronesa de Megasa y reclama, de esta manera, que el Gobierno central establezca un nuevo marco normativo que sustituya al decreto IET/2804/2012, del 27 de diciembre. La empresa emplea a 190 personas de forma directa en la fábrica de Narón y se estima que de forma indirecta genera 1.200 puestos de trabajo.

Ello, con el objetivo de que se "implante en España un servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad eléctrica que garantice la igualdad de condiciones para las empresas que operan dentro de un mismo sector", como recoge el texto pactado por los cuatro grupos parlamentarios y que ha visto luz verde.

Para eso, la fórmula que han acordado a raíz de la iniciativa presentada por AGE, que contó con el voto unánime es la de instar a la Xunta a que "continúe realizando ante el Gobierno de Estado las gestiones necesarias y urgentes" que desemboquen en los mencionados objetivos.

Precisamente, en el debate parlamentario, el diputado del PPdeG Hipólito Fariñas, ha revelado que desde el primer momento, la consellería de Economía e Industria con su titular a la cabeza, Francisco Conde, ha mantenido contactos "al más alto nivel" para dar una solución a esta empresa.

Actuación "urgente"

Alternativa explica que la nueva tarifa para grandes consumidores industriales aprobada en diciembre por el Gobierno central provocó que más de 100.000 toneladas de acero corrugado de la empresa naronesa se acumulasen sin vender en la factoría. Megasa recibe una bonificación de 20 euros por megavatio al no llegar a la producción de las grandes multinacionales, que alcanzan los 35 euros.

De esta manera, la diputada Consuelo Martínez ha defendido que el Gobierno gallego actúe de forma "urgente" y se "ponga las pilas" para que la empresa no se vea "abocada al cierre" en noviembre, ya que se trata de un problema "que crearon los políticos" y tiene que tener una solución "política". En esta línea, la diputada del BNG Carme Adán ha esperado que el "problema creado desde Madrid" tenga solución y que esta iniciativa "no llegue tarde".

Por su parte, en el transcurso del debate, la diputada socialista Beatriz Sestayo realizó la petición expresa para que la Comisión de Industria se traslade a Ferrolterra y conozca de primera mano la situación de las industrias de la comarca, de la cual procede esta parlamentaria.

Rechazo de otras iniciativas

En otro orden de cosas, fue rechazada, con los votos del PPdeG, una iniciativa impulsada por la diputada del BNG Carme Adán y que pretendía que Galicia fuese incluida en el Plan del carbón 2013-2018, para apoyar las comarcas que todavía están en fase de cierre, con el fin de impulsar actividades alternativas a las derivadas de este mineral.

Finalmente, la iniciativa, que contó con el respaldo del PSdeG y de AGE, no tuvo el respaldo de los populares porque su propuesta —como así figuraba en una enmienda presentada— retrasaba la petición de que la Xunta realizase la petición al momento en que el Ministerio de Industria presente el proyecto.

Negociación enrocada durante una hora

Por otro lado, la Comisión de Industria vivió una situación de confusión derivada de la negociación durante más de una hora (entre el tiempo posterior a la iniciativa y las interrupciones), a raíz de una iniciativa presentada por el diputado socialista Vicente do Casar sobre las actuaciones para poner en marcha la plataforma logística de Monforte.

Las diferencias entre populares y socialistas apenas se percibían en una o dos palabras pero, tras suspender la sesión de la comisión en varias ocasiones, incluyendo una parada en el propio transcurso de las votaciones, el acuerdo no fue posible.

Sin embargo, en un primer momento el diputado del PSdeG llegó a informar a la mesa de la comisión que sí había un texto consensuado, aunque, mientras daba lectura al texto (que tendría tres puntos), fue corregido por la diputada popular Julia Rodríguez, para introducir las precisiones que pedía el PPdeG, haciendo así una lectura a coro del texto.

Pese a que llegaron a acordar dos puntos, finalmente la propuesta se votó como estaba, eso sí, la comisión retrasó su final alrededor de una hora. Vicente do Casar, diputado autonómico por primera vez en esta legislatura, lamentó en varias ocasiones lo ocurrido, disculpándose con sus señorías, por haber retrasado los trabajos de la comisión, y justificó que se trataba de un esfuerzo por una comarca que lo necesitaba.

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