La Audiencia Nacional ha ordenado bloquear una cuenta bancaria abierta en Portugal a nombre de una sociedad del ex presidente de Pescanova, Manuel Fernández de Sousa, desde la que su mujer intentó mover 5,2 millones de dólares —unos 4 millones de euros—  a China, tan solo unos días después de que el juez admitiera las querellas y le impusiera una fianza millonaria por el  falseamiento de cuentas de la compañía que condujo a varios inversores a la compra de acciones.

El magistrado Eloy Velasco, en sustitución del juez Pablo Ruz que se encuentra de vacaciones, ha dirigido además una comisión rogatoria a las autoridades lusas para que informen del número de cuenta, la entidad bancaria en la que se abrió, los documentos utilizados, las identidad de las personas autorizadas para operar con el depósito y el extracto de movimientos desde su apertura hasta la actualidad.

En el auto, el magistrado pone de relieve que los hechos ahora conocidos podrían dar lugar a la imputación de un nuevo delito de alzamiento de bienes, que se sumaría al falseamiento de información económico—financiera, falseamiento de cuentas anuales, estafa, uso de información relevante e impedimento de la actuación del organismo supervisor que ya se atribuyen a Sousa.

La Policía Judicial puso en conocimiento del Juzgado Central de Instrucción número 5 la comunicación efectuada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Portugal informando de que había procedido al bloqueo 'de facto' de una transacción por importe de 5,2 millones de dólares ordenada  por María Rosario Andrade, cónyuge de Sousa, a otra cuenta de la que era titular en un banco de China.

Andrade abrió el 29 de mayo una cuenta bancaria en Portugal a nombre de la sociedad Quinta do Sobreiro S.L., de la que es administrador único Sousa, seis días después de la admisión de las querellas. El 26 de agosto el depósito recibió 4 millones transferidos por dicha sociedad y, dos días después, acogió 236.000 euros desde Kiwi España S.L., que también tiene como administrador único al querellado.

A continuación, los investigadores detectaron que se ordenó una transferencia por valor de 5,2 millones de dólares con cargo a esta misma cuenta. Unos días antes, la Audiencia había también impuesto un fianza de 178,8 millones a Sousa y de 69,4 millones sobre cada una de sus sociedades, Sociedad Gallega de Importación de Carbones y Sociedad  Anónima de Desarrollo y Control.

Las operaciones efectuadas justifican la adopción "urgente" de medidas cautelares que permitan "conjurar el riesgo de una eventual ocultación del patrimonio del querellado", resalta el magistrado, que expone la vinculación de Sousa con las cuatro sociedades mencionadas.

Por todo ello, ordena bloquear todas las cuentas bancarias, depósitos y cualquier producto financiero que figuren a nombre del matrimonio y de las sociedades Kiwi España S.L, Quinta do Sobreiro S.L., Sociedad Anónima de Desarrollo y Control, Sociedad Gallega de Importación de Carbones abiertos en el banco Etcheverria.

Por otra parte, la lista de acreedores de Pescanova se eleva a casi 500, entre los que figuran más de un centenar de entidades financieras, organismos públicos o mixtos, y proveedores, a los que la firma gallega debe un total de 3.640 millones de euros, según se refleja en el informe concursal al que ha tenido acceso Europa Press.

Así, en dicho informe se recoge, además de la deuda de 1.691 millones de euros (a fecha de abril de 2013) con entidades de crédito; una deuda de 291 millones con las 151 filiales del grupo y asociadas a corto plazo. En abril de 2013, la principal acreedora dentro de las filiales de Pescanova es Pescafina, a la que la matriz le adeuda casi 180 millones de euros. En el mismo documento, se recoge que el valor que da la administración concursal a las participaciones en empresas del grupo y asociadas es de 276,14 millones de euros.

Por otra parte, Pescanova tiene también cuentas pendientes de pago con las administraciones públicas: la Agencia Tributaria ha comunicado a la administración concursal créditos por importe de casi 19 millones de euros.

En la lista de acreedores públicos o semipúblicos de la compañía figuran también el Instituto Oficial de Crédito (15 millones), la Tesorería General de la Seguridad Social (251.000 euros), la sociedad Pymar (3,2 millones) o la sociedad de capital riesgo Sodiga, gestionada por XesGalicia (1 millón).

A estas deudas se suman otras con ayuntamientos, universidades, asociaciones empresariales, Cámara de Comercio, fundaciones, centros tecnológicos y de investigación, y numerosos proveedores. Asimismo, figura como partidas pendientes de pago una cantidad de 258.000 euros, correspondientes a remuneraciones de consejeros  y salarios devengados por los trabajadores, principalmente tripulación.