AGE impulsa a la Xunta a interponer un recurso de inconstitucionalidad a la reforma de la Ley de local

Advierte que es un "golpe de estado por la puerta de atrás" y que "todo está planificado para borrar del mapa a los ciudadanos"
AGE sobre reforma de la ley local
AGE sobre reforma de la ley local
EUROPA PRESS
AGE sobre reforma de la ley local

Alternativa Galega de Esquerda (AGE) ha presentado una proposición no de ley por la que pretende impulsar a la Xunta a que interponga un recurso de inconstitucionalidad en relación a la "vulneración de competencias exclusivas que ostenta el autogobierno y que el proyecto de ley vulnera".

Lo recoge así el texto resolutivo de la iniciativa que han presentado el portavoz y la viceportavoz de este grupo, Xosé Manuel Beiras y Yolanda Díaz, en una rueda de prensa en la que han argumentado que este proyecto de ley es un "ataque brutal frente a la autonomía local" y convierte a los ayuntamientos en unas administraciones con carácter "funcional privándolas de la decisión de gobernar", en palabras de la diputada de AGE.

A modo de resumen, Beiras ha señalado que se trata de un "proceso en que la brigada de demoliciones (como ha bautizado a los gobiernos populares) se convierte en una brigada de exterminio" en una política de "tierra quemada", incluso "literalmente este verano".

"Todo está planificado —ha continuado— para borrar del mapa a los ciudadanos, la participación ciudadana en distintos grados, para convertir el poder en forma totalitaria, en nazifascismo cada vez menos disimulado y que sea el poder privado, financiero, el que haga absolutamente todo".

Xosé Manuel Beiras ha abundado en que lo que se pretende es una "administración anterior a la Revolución francesa", por lo que ha advertido de que "si esto no desemboca en que la ciudadanía organice una rebelión cívica, esta contrarrevolución acabará con la condición de ciudadanos". Y añadió, y de los gallegos "como realidad propia".

Por eso, en la línea que defiende la coalición de Anova y Esquerda Unida-Izquierda Unida, el veterano político nacionalista ha llamado a los ciudadanos a "autoorganizarse y reconectar" con fuerzas "rupturistas", que son, ha agregado, "las únicas que pueden abrir una salida, una vía de confrontación con éxito a este proceso contrarrevolucionario".

"golpe de estado por la puerta de atrás"

Yolanda Díaz ha calificado la futura ley de administración local como un "golpe de estado por la puerta de atrás", toda vez que, ha enjuiciado, ataca el título octavo de la Constitución "priorizando el desmantelamiento de las instituciones y gobiernos, de la capacidad de autogobierno y de la autonomía local".

La parlamentaria de AGE ha enfatizado que "la democracia no se puede contabilizar en términos económicos" y, aún así, ha dudado del ahorro de más de 8.000 millones de euros previstos por el ministro Cristóbal Montoro o por la propia vicepresidenta Soraya Sáez de Santamaría. "El coste de las diputaciones sí lo tenemos que recortar", ha contrapropuesto, argumentado que "lo correcto sería empezar por unas administraciones que ni son cercanas, ni democráticas, y no tienen nada que ver con la configuración sociológica de este país".

Uno de los argumentos esgrimidos para presentar esta iniciativa es que el modelo propuesto en la ley "apuesta por la privatización de servicios" y "atenta contra cualquier proceso de la administración pública".

Para Yolanda Díaz, esta reforma "no avanza en la realidad" del país y lo coloca "en el peor de los modelos territoriales con la configuración del Estado, al tiempo que supone un "retroceso en el avance democrático" con experiencias "positivas" como los "presupuestos participativos".

AGE incide en que los ayuntamientos "no son los responsables de la actual depresión económica", al respecto de lo que recuerda que el déficit que acumulan es "ridículo", ya que es de apenas el 0,4 por ciento. "Nada que ver con el déficit en el que incurren empresas privadas en las burbujas alentadas por las políticas neoliberales y mismo la administración estatal para tapar los agujeros bancarios en este ejercicio injusto de socializar las pérdidas y privatizar los beneficios", arguye.

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