La secretaria general del PSC-PSOE, Eva Díaz Tezanos, ha negado "rotundamente" que su partido tenga "segundas intenciones" o "motivaciones espurias" en un intento de retrasar las obras con el recurso presentado ante la Sala del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) contra el contrato para terminar Valdecilla y "en los próximos días" espera poder interponer la demanda.

Así lo ha asegurado en rueda de prensa la secretaria general de los socialistas cántabros, quien ha explicado que, tras presentar el pasado 2 de septiembre el recurso ante el TSJC, el partido está a la espera de que el Tribunal envíe al PSOE todo el expediente administrativo para presentar la correspondiente demanda, en la que no se solicitarán medidas cautelares para paralizar el proceso de adjudicación.

Ha explicado que su partido ya tiene "en grandes términos redactada" la demanda, si bien esperará a contar con todo el expediente.

Defender los "derechos" e "intereses" de los ciudadanos

Acompañada por la diputada nacional, Puerto Gallego, la secretaria general del PSC-PSOE ha asegurado que "todas las acciones" políticas y judiciales llevadas a cabo por su partido sobre la fórmula elegida de colaboración público privada por el Ejecutivo regional de acabar las obras de Valdecilla tienen como "único objetivo", que es "defender los derechos e intereses" de los ciudadanos.

Además, ha añadido que con ellas se busca mantener el ámbito público de Valdecilla y evitar que el hospital cántabro "corra la misma suerte" que algunos hospitales de la Comunidad Valenciana y que "amenaza" a otros de Madrid en lo que —ha insistido— es el "proyecto ideológico" del PP y de sus dirigentes de privatizar la sanidad y "hacer negocio" con la salud de los ciudadanos.

Diego "miente"

Díaz Tezanos ha afirmado que los socialistas "no tienen ninguna duda" de que el objetivo del Gobierno de Cantabria es privatizar Valdecilla y ha opinado que, cuando el presidente regional, Ignacio Diego, asegura que desea "respetar" el carácter público del hospital, "está mintiendo" y "no es creíble".

Según ha mantenido, Diego ha "tenido oportunidades" de demostrar lo que dice, aprobando una ley que garantice el caracter público de Valdecilla y el PP "lo ha rechazado".

Pérdida de empleo y empeoramiento de las condiciones laborales

En la rueda de prensa, Díaz Tezanos ha insistido en que la privatización que, a su juicio, supondrá el contrato supondrá una "pérdida de calidad", "más recortes en la asistencia sanitaria", además de una "pérdida de empleos" o un "empeoramiento de las condiciones laborales" de los trabajadores de los servicios del hospital privatizados.

En este sentido, y cuatro días después de que el Gobierno de Cantabria y los sindicatos UGT, CSIF y SATSE hayan firmado un acuerdo sobre el personal interino de los servicios afectados por el nuevo contrato de Valdecilla, Díaz Tezanos ha llamado a los trabajadores a estar "especialmente vigilantes" para que no ocurra lo que está sucediendo, según ha señalado, en la Comunidad Valenciana o Madrid.

Sobre el acuerdo alcanzado entre Sanidad y los tres sindicatos —CC.OO y ATI quedaron fuera del pacto—, ha señalado que, aunque éste "garantiza" los puestos de trabajo, hay que preguntarse "en qué condiciones".

Según ha explicado, en Madrid, las empresas que estaban intentando convertirse en adjudicatarias acordaron con el personal de los servicios que iban a ser privatizados respetar los puestos de trabajo, si bien no de las condiciones, dándose reducciones en los sueldos y no manteniéndose otros aspectos, como los complementos.

Respecto al caso de la Comunidad Valenciana, Díaz Tezanos ha advertido de que, poco meses después de adjudicarse los servicios del hospital, las empresas que resultaron beneficiadas realizaron renovaciones de contratos y cambios de condiciones laborales.

Para Díaz Tezanos, "lo más probable" es que parte del dinero que la empresa a la que se adjudique el contrato de Valdecilla dedique a financiar la conclusión de las obras de la tercera fase del hospital y a equiparlo —por un montante aproximado de 90 millones de euros— procederá de la reducciones de personal y de bajar el salario a los trabajadores.

Además, Díaz Tezanos ha asegurado que el contrato "adolece de concreción" sobre la situación en la que quedarán los cerca de 40 servicios privatizados, sobre las condiciones del personal y el coste para los ciudadanos.

La socialista ha opinado que la vía de diálogo competitivo elegida por el Gobierno regional para el contrato de Valdecilla es "opaca" y "residual" y ha asegurado que "sólo" es aconsejada para casos en los que resulta "imposible" calcular el valor económico, algo que —ha dicho— no sucede en el caso de Valdecilla.

Según ha señalado, con el contrato del hospital lo que se va a asegurar es que la adjudicataria tenga 33 millones de ingresos fijos anuales durante 20 años, hasta un total de 660 cuando la conclusión de las obras y el mobiliario es por "poco más de 90 millones".

El fin de las obras

Díaz Tezanos ha asegurado que si el Gobierno regional del PP no hubiese decidido el pasado noviembre paralizar las obras, rescindir el contrato con las entonces adjudicatarias y sacar una nueva licitación las obras, estos trabajos podrían, según los informes técnicos, haber concluido "en mayo de 2014".

La socialista ha defendido que su partido quiere que acaben las obras del hospital "cuanto antes" pero "no a cualquier precio", por lo que —ha insistido— se opone a un modelo que, a su juicio, "hipoteca" Valdecilla durante 20 años.

Estas son, según Díaz Tezanos, algunas de las razones por las que el PSOE ha decidido recurrir ante el TSJC el contrato, a pesar de que el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales rechazase hace unos meses el que le presentó al dudar de la legitimidad del partido para hacerlo.

El psoe,

"plenamente legitimado" para recurrir

En contraposición al razonamiento del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, Díaz Tezanos ha defendido que el PSC-PSOE se encuentra "plenamente legitimado" para recurrir el contrato de Valdecilla porque busca defender el derecho reconocido en la Constitución de una sanidad "pública gratuita".

Tras asegurar que defender estos derechos constitucionales es "uno de los deberes" de los partidos políticos, ha argumentado que otra de las "obligaciones" es vigilar los contratos entre la Administración y las empresas pues, según ha opinado, si para esta labor de fiscalización sólo se legitima a los interesados supondría una "barra libre".