El Consejo de Ministros ha aprobado con un año y medio de retraso el reglamento que desarrolla la Ley de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo.

Entre otras novedades, incluye a los "amenazados por organizaciones terroristas" como receptores de ayudas, entre las que se encuentran facilitar un traslado de localidad o de vivienda, gastos de escolarización, tratamiento psicológico y reinserción laboral.

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha explicado en rueda de prensa que estas personas tendrán "acreditar su condición" con una "sentencia firme" o presentando las "oportunas diligencias" penales y podrán recibir la asistencia de forma retroactiva desde enero de 1960.

La inclusión de los amenazados ha requerido de algunas "modificaciones legales" que son las que han causado la demora en la aprobación final del reglamento, ha insistido el ministro.

"La Ley ha llevado a cerrar la puerta a cualquier resquicio legal que pudiera existir para que pudieran ser beneficiarios de las ayudas quienes no fueron víctimas sino que hicieron sufrir", ha añadido Fernández Díaz, que ha reconocido que esta posibilidad hubiera supuesto un "sarcasmo" lejos de la voluntad del legislador.

La ley de víctimas salió de las Cortes Generales con consenso de todos los grupos parlamentarios en septiembre de 2011 y en ella se preveían seis meses para la aprobación de su reglamento, que quedaba así fijado para marzo de 2012.

Sin embargo, el texto aún no había visto la luz y ha sido este viernes cuando ha recibido el visto bueno del Gobierno con el objetivo de facilitar el "acceso privado y telemático" de las víctimas a sus expedientes en relación con las ayudas que prestan las administraciones.

En 2012, el Ministerio del Interior hizo público un borrador del Reglamento y ofreció a las asociaciones y colectivos de víctimas la oportunidad de presentar sugerencias y propuestas de modificación. Este primer texto no incluía muchas de las aspiraciones y reclamaciones de las asociaciones, que presentaron sus quejas ante el Ministerio.

Fuentes de los colectivos de víctimas han asegurado que no han vuelto a tener ninguna noticia del Departamento dirigido por Jorge Fernández Díaz y no conocen el contenido del texto final.

Sin embargo, fuentes del Ministerio han subrayado que el reglamento primero se sometió a una audiencia pública para dar a las asociaciones la oportunidad de opinar y así lo hicieron colectivos como la AVT, las asociaciones canaria, valenciana y gallega de víctimas, la asociación de víctimas de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado además de otras diez víctimas a título personal.

Después, aseguran que se han mantenido los contactos durante toda la tramitación e incluso después de los cambios efectuados tras el dictamen del Consejo de Estado, a través de la presidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, Mari Mar Blanco.

De hecho, el Ministerio informó el jueves a las asociaciones de que el reglamento iba a ser visto por el Consejo de Ministros.

El objetivo es que esta norma delimite con precisión las reparaciones, indemnizaciones y ayudas que podrán tener las víctimas, así como su ámbito, los titulares y cuantía de las indemnizaciones, la reparación de los daños materiales, las ayudas para asistencia sanitaria y psicológica y las acciones del Estado para honrar a las víctimas de atentados.