El PSOE ha recurrido ante el Tribunal Constitucional la Ley de Fomento del Alquiler, al considerar que la decisión del Gobierno de suprimir los préstamos subsidiados para la compra o la rehabilitación de viviendas protegidas ya concedidos en anteriores planes de vivienda es contraria a la Carta Magna.

Coincidiendo con el último día de plazo, los socialistas han presentado un recurso de inconstitucionalidad contra esta norma, que fue aprobada de forma definitiva el pasado mes de mayo, porque supone "una vez más un recorte de derechos reconocidos" que afecta "a los ciudadanos con menor poder adquisitivo", según ha señalado la portavoz de Vivienda, Leire Iglesias.

En concreto, el PSOE pide al Constitucional que anule la disposición adicional segunda, que determina que se mantendrán las ayudas de subsidiación de préstamos estatales a la compra o a la rehabilitación que se vinieran percibiendo y las que hubieran sido reconocidas antes del 15 de julio de 2012 y que ya cuenten con la conformidad del Ministerio de  Fomento al préstamo, "siempre que éste se formalice por el beneficiario en el plazo máximo de dos meses desde la entrada en vigor de esta Ley".

Sin embargo, se suprimen el resto de ayudas de subsidiación al préstamo de una VPO reconocidas dentro del marco de los Planes Estatales de Vivienda, y también se prohíbe admitir nuevos reconocimientos de ayudas de subsidiación de préstamos que procedan de concesiones, renovaciones, prórrogas, subrogaciones o de cualquier otra actuación protegida de los planes estatales de vivienda.

Esto supone que incluso quienes tienen concedidas estas ayudas y siguen cumpliendo los requisitos económicos y sociales para renovarlas no podrán hacerlo, por lo que dejarán de percibir las cuantías que hasta ahora se les descontaban de la mensualidad.

Según las asociaciones de afectados, las 300.000 personas aproximadamente que verán eliminados sus préstamos subsidiados deberán pagar entre 200 y 400 euros más cada mes. A ellos se suman todos los que ni siquiera podrán optar a esta ayuda, que fue suprimida a mediados de 2012.

Los préstamos subsidiados son una ayuda del Estado contemplada en los diferentes planes de vivienda que, previo convenio con las entidades financieras, descargaba del pago de los intereses por la cuota de compra o rehabilitación de la vivienda de protección oficial, siempre que se cumplan unos niveles de ingresos económicos familiares máximos.