El PSPV ofrecerá asesoramiento jurídico a los cerca de 50.000 afectados en la Comunitat Valenciana por la eliminación de la las ayudas a las hipotecas a través del convenio firmado por el partido y la Plataforma de Afectados por la Subsidiación de Préstamos Hipotecarios.

El secretario general del PSPV, Ximo Puig, ha mostrado su esperanza en que el Tribunal Constitucional resuelva a favor del recurso de inconstitucionalidad presentado por el PSOE contra esta medida porque "no se puede dejar en la cuneta a 300.000 familias" en España. Además, ha criticado que "se produce una retroactividad y se cambian las reglas de juego a mitad de partido", ha informado el partido en un comunicado.

A su juicio, "estas familias sufren una doble injusticia ya que confiaron en el Consell y en el Gobierno de España" y ahora "les ha fallado el Gobierno valenciano, ya que todavía les debe 250 millones, y les ha fallado el Gobierno de España al quitarles las ayudas mensuales para pagar las hipotecas".

En una rueda de prensa ofrecida junto a representantes de la plataforma, el socialista ha lamentado la "situación dramática" que viven los afectados y ha asegurado que el PSPV les ofrecerá asistencia jurídica "para que todas las personas a través de la plataforma que quieran poner las reclamaciones y acciones judiciales posteriores puedan hacerlo".

"vulnera la seguridad jurídica"

Por su parte, el presidente de la Plataforma de Afectados por la Subsidiación de Préstamos Hipotecarios en la Comunitat Valenciana, Manuel Garcés, ha agradecido a los socialistas la firma del convenio y la presentación del recurso de inconstitucionalidad y ha celebrado que "los afectados se ven respaldados por las fuerzas políticas".

Garcés ha indicado que los afectados deben recurrir por la vía administrativa y contenciosa para recuperar el derecho a recibir las ayudas para pagar las hipotecas, ha asegurado que la aplicación retroactiva "vulnera el principio de seguridad jurídica" y ha insistido en que "hay muchas familias que lo están pasando mal" y está ayuda puede significar entre 90 y 200 euros más al mes que deberán afrontar.