El Consello de la Xunta ha dado este jueves luz verde a la Ley de racionalización de la Administración autonómica, cuyo objetivo es reducir los gastos de la propia administración y también las cargas burocráticas.

Lo ha anunciado el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, en la rueda de prensa posterior a la primera reunión semanal con su gabinete tras el período estival. Ha precisado que este anteproyecto normativo constituye "el tercer pilar" de su "compromiso" de simplificar el aparato institucional, tras la reducción de la administración paralela y la aprobación de la Ley de la Administración general y el sector público autonómico de Galicia (Lofaxga) en 2010.

"Estamos persuadidos de que somos capaces de tener una administración más eficaz y de que la administración tenga más servicios y menos costes burocráticos", ha proclamado.

Con este objetivo, la normativa que ahora se remitirá a la Cámara para su aprobación no sólo aborda la contratación centralizada para toda la administración de servicios como la limpieza, la seguridad o el mantenimiento, sino que también da amparo legal a la fusión de distintos entes dependientes de la Xunta.

Igualmente, como ha detallado Feijóo, blinda la obligatoriedad de que todos los altos cargos del Ejecutivo gallego publiquen su declaración patrimonial en el Diario Oficial de Galicia (DOG) en el momento en que asumen su puesto y cuando lo abandonan. "No quedará al albur de la decisión de cada gobierno, sino que existe una obligación legal", ha destacado.

"más control"

Uno de los aspectos que el presidente ha resaltado de este anteproyecto legal es que supondrá "más control en la administración". Y es que, como ha dicho, esta norma "blinda" la necesidad de "evaluar periódicamente la estructura" del sector público autonómico, al tiempo que establece que la creación de nuevos entes "queda sujeta a un informe previo".

Además, obliga al Gobierno gallego a "aprovechar al máximo los medios propios" para darles un "uso racional y eficiente", evitando así "en lo máximo posible" las contrataciones externas.

A mayores, según ha señalado Feijóo, impone la implantación de medios telemáticos en la administración, a fin de que, "en un plazo medio de dos años, todos los procesos" se puedan realizar "obviando el papel".

"reducción de cargas"

Con la vista puesta en las empresas, esta ley únicamente obliga a la que resulte adjudicataria en cualquier proceso de licitación a acreditar su documentación, y no a todas aquellas que se presenten.

Asimismo, a la hora de acreditar "la solvencia necesaria" para acceder a un contrato, bastará con que las empresas que concurran "presenten un compromiso de adscripción del personal y los medios materiales" que se le exijan.

Y, para "favorecer el acceso a la contratación" de las pequeñas y medianas empresas, se garantizará el fraccionamiento de los grandes contratos en lotes. De este modo, se podrá optar a la totalidad del contrato o bien a cualquiera de los bloques, teniendo así "distintos adjudicatarios".

Junto con todo ello, la norma establece "la obligación de aprobar unas directrices de técnica normativa" que proporcionen "pautas para la elaboración de textos más sencillos, homogéneos y comprensibles" en lo que atañe a la contratación.

FUSIONES

En cuanto a las fusiones comprometidas y que necesitaban "rango de ley", Feijóo ha enumerado hasta ocho procesos de integración de distintos entes o departamentos administrativos.

Así, el Instituto Galego de Estatística (IGE) formará un solo organismo junto con el Centro Informático para a Xestión Tributaria, Económico-Financeiro e Contable (Cixtec); lo mismo que harán el Instituto Galego de Consumo y el Consello Galego da Competencia.

Por su parte, la Axencia Galega de Seguridade Pública (Agasp) se integrará en la Dirección Xeral de Interior; el Instituto Enerxético de Galicia (Inega) hará lo propio en la Dirección Xeral de Industria; la Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (Agader), en la Dirección Xeral de Desenvolvemento Rural; y el Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral (Issga), en la Dirección Xeral de Traballo.

También se creará la Axencia Galega de Docencia, Formación e Investigación para agrupar la Fundación Escola Galega de Administración Sanitaria (Fegas), la Axencia de Avaliación de Tecnoloxías Sanitarias, la Unidade de Innovación en Saúde y la Subdirección Xeral de Investigación, Docencia e Innovación.

Finalmente, fundación pública Centro de Transfusións de Galicia, la Oficina de Coordinación de Trasplantes, los bancos de tejidos y las unidades de la Consellería de Sanidade y el Servizo Galego de Saúde con competencias en la materia formarán la Axencia Galega de Sangue e Tecidos.