El consejero de Presidencia y Justicia, Emilio del Río, ha señalado hoy que la libertad vigilada es la medida que más imponen los jueces riojanos en los casos de jóvenes infractores, acaparando el 35,5 por ciento de las medidas impuestas. Así, de las 355 medidas dictadas en 2012 en La Rioja, 126 fueron libertades vigiladas, mientras que 89 fueron prestaciones en beneficio de la comunidad, 14 tareas socioeducativas y el resto 126, internamientos.

Del Río ha destacado que las medidas de régimen abierto vienen acompañadas de una intervención socio-educativa cuyo objetivo es evitar la reincidencia del menor y su internamiento en el futuro, aunando el control como respuesta jurídica y la educación como elemento social.

Para ello, la Fundación Pioneros, entidad encargada de la ejecución de las medidas en régimen abierto para menores infractores en virtud del contrato firmado con el Gobierno de La Rioja, cuenta un equipo técnico multidisciplinar compuesto por seis educadores, un trabajador social, la directora y un administrativo (a media jornada), que trabajan con el menor para lograr que se responsabilice de su conducta y de las consecuencias de los hechos cometidos, facilitar su proceso de maduración, y realizar intervenciones en el ámbito familiar (informativas en la mayor parte de los casos).

300.000

Euros presupuesto

El presupuesto anual de este servicio supera los 300.000 euros y de él se benefician no solo los menores acogidos a libertad vigilada, sino también aquellos con otras medidas de régimen abierto como tareas socioeducativas y prestaciones en beneficio a la comunidad.

La libertad vigilada resulta adecuada en aquellos casos de jóvenes infractores en cuya evaluación social y psicológica se ha establecido que no presentan deterioro psicológico, que disponen de recursos y habilidades sociales, que cuentan con una relación paterno-filial y que tienen un historial delictivo escaso. En este sentido, Del Río ha explicado que el 70 por ciento de los menores con esta medida solo tienen un episodio relacionado con la justicia juvenil.

En lo que llevamos de año, Fundación Pioneros ha atendido a un total de 119 medidas. El perfil del menor infractor acogido a medidas de régimen abierto como la libertad vigilada, las tareas socio-educativas y las prestaciones en beneficio de la comunidad, Del Río ha explicado que coincide con el de un varón, de en torno a 17 años y de nacionalidad española, que suele presentar grave absentismo y fracaso escolar.

Las medidas en medio abierto y reinserción social de los menores infractores con problemas de drogadicción, concretamente las medidas de libertad vigilada y reglas de conducta impuestas por el Juez con obligación de deshabituación de tóxicos, se ejecutan a través de ARAD. Su presupuesto anual asciende a 41.000 euros y el año pasado intervino con 39 menores, de los cuales un 82,05 por ciento eran varones (32) y un 17,95 por ciento eran mujeres (7). La edad media de los menores era de 16,20 años. Un 66,66 por ciento eran de nacionalidad española (26) y el resto 33,34 por ciento de nacionalidad extranjera (13).

Con referencia a las sustancias que consumen, la mayoría eran policonsumidores, destacando el alcohol, el hachís, el tabaco y en menor medida la cocaína, heroína, entre otros.Los hechos denunciados, en su mayoría fueron por robos, hurtos, seguido de violencia doméstica, etc.

Relación paterno-FILIAL

Asimismo, el consejero ha subrayado que la existencia de relación paterno-filial es la más importante, ya que se ha determinado que "a mayor deterioro en las relaciones del joven infractor con sus progenitores, menor probabilidad de éxito en casos de libertad vigilada.

"Los menores con malas relaciones suelen ser impulsivos y poco reflexivos, características que no ayudan en su recuperación", ha señalado Del Río. Para este tipo de casos, que necesitan una atención especial, el Gobierno de La Rioja cuenta desde el año pasado con el Programa Reencuentro, que trabaja en la mejora de las relaciones paterno-filiales, y con el teléfono 'Ayúdate ayudándole', destinado a padres que necesitan orientación en posibles casos de violencia familiar infringida por parte de los jóvenes.

Para finalizar, el consejero ha puesto en valor el servicio de mediación para menores, que ha posibilitado llegar a acuerdos en un 30 por ciento de los casos. Ello supone además un beneficio económico importante para la Administración.