El Bloque Nacionalista Galego (BNG) ha registrado, para su debate en la Comisión de Empleo del Congreso, una proposición no de ley en la que exige al Gobierno que anule las sanciones interpuestas contra los jubilados que no declararon su pensión en el extranjero desde el año 2008, alegando que no se trata de una estafa, sino de falta de información clara por parte de la Agencia Tributaria (AEAT).

En la iniciativa, que recoge Europa Press, la portavoz del BNG en el Congreso, Olaia Fernández Davila, alerta de que muchos de quienes trabajaron en el extranjero durante muchos años y tienen derecho a pensión en sus países receptores han recibido "requerimientos de la AEAT para que acrediten las cantidades percibidas en 2008 en concepto de pensión en el extranjero para proceder a la regularización con una declaración complementaria del IRPF".

"Este colectivo de afectados jamás recibió información en relación a la obligación de declarar dichas pensiones. Desconocían por completo que debían declararlas, lo que deja patente que en ningún momento hubo intencionalidad de fraude, lo que es suficiente argumento para solicitar la eliminación de las sanciones interpuestas. Además, no se les expidió ninguna certificación por parte del país pagador en relación a las cantidades percibidas", explica Fernández Davila.

Cinco años de retraso

Además, la diputada gallega expresa su "sorpresa" por el tiempo que ha tardado la AEAT en reclamar estas cantidades, pendientes en teoría desde 2008, y critica que la Agencia Tributaria no haya dado soluciones a los afectados, sino que "únicamente hable de dar mayores plazos para el pago".

Sin embargo, los afectados por esta situación están empezando a recibir requerimientos de pago de los cinco años (de 2008 a 2012) acumulados, lo que "complica verdaderamente la situación" por las elevadas cuantías que suponen para unos ciudadanos con unos ingresos reducidos.

Por ello, el BNG reclama que se anulen todos los expedientes sancionadores por no tributar las pensiones en el extranjero "dado el desconocimiento absoluto" que los afectados tenían de esa obligación, y pide también al Gobierno que informe "debidamente" a estas personas de la situación y "busque alternativas que no pasen por sanciones" y mucho menos con carácter retroactivo.

Por último, plantea la necesidad de que se revisen los convenios marco existentes con otros países receptores de muchos emigrantes españoles, como Alemania, con el objetivo de evitar que se repita esta "confusión" y estos problemas.

Desbarajuste informativo

El BNG no es la única formación que ha puesto el foco sobre este problema, dado que también el PSOE y la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) tienen registradas en el Congreso sendas iniciativas parlamentarias de tenor y propuestas similares.

Así, para la socialista María del Carmen Silva el "desbarajuste informativo" de la AEAT es el culpable de la situación, ya que en un primer momento se dijo a los afectados que no era necesario declarar esas pensiones, y critica además que se apliquen intereses de demora en las sanciones, elevando las cuantías hasta los 15.000 euros en muchos casos. Por ello, exige al Ejecutivo que no "castigue injustamente" a estos jubilados y que busque soluciones alternativas, como estudiar caso a caso antes de decidir si se sanciona.

Por su parte, IU-ICV-CHA pone el acento en la decisión del Gobierno de retirar el complemento a mínimos a los pensionistas con un cónyuge a cargo que tenga pensión en el extranjero, a pesar de que esa pensión "raquítica" puede ser de cuantía inferior al complemento. Para estos casos, la coalición pide que se anule la medida y que mientras no se revisen todos los casos se paralicen los requerimientos de reintegro de estos importes.