El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha requerido al Partido Popular que ponga a su disposición en el plazo de cinco días los dos ordenadores portátiles que su ex tesorero Luis Bárcenas tenía en la sede de la formación con el fin de poder practicar una prueba pericial que permita comprobar si las anotaciones contables entregados por el imputado en un lapiz de memoria son copia original del contenido de los mismos.

La secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, aseguró este miércoles —durante su interrogatorio en la Audiencia— que los aparatos siguen en la sede del PP "custodiados" por el partido. Ha sido Javier Gómez de Liaño, abogado de Bárcenas, quien ha solicitado la comprobación para intentar demostrar que su cliente no miente acerca de la existencia de una caja B en el Partido Popular, cosa que la formación sigue negando.

El pasado 1 de marzo, Bárcenas acudió a comisaría para presentar una denuncia contra el PP, y en concreto contra Alberto Durán, por entrar sin permiso en el despacho que dijo que ocupaba en la sede nacional del partido, de dónde, aseguró, le habían "robado" dos ordenadores que tenía allí. Una juez de Madrid archivó la denuncia.

Además de los ordenadores, el juez Ruz también ha solicitado una ampliación de la pericial relativa a las firmas de quien fuera responsable de las cuentas del partido, Álvaro Lapuerta para comprobar si las estampadas en los folios manuscritos se corresponden a la rúbrica del extesorero. Para ello, reclama los cuerpos de escritura realizados en la Fiscalía Anticorrupción y en su Juzgado y demanda a la oficina del Banco Popular en la calle de Cedaceros, junto al Congreso de los Diputados, que le remita unos documentos en los que se refleja la rúbrica completa de Lapuerta en su condición de tesorero.

En un auto conocido este viernes, Ruz también cita como testigos el día 10 de septiembre a las que fueron secretarias de los extesoreros del Partido Popular Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta, así como a los tres miembros del Departamento de Auditoría Interna del partido. El juez emplaza para ese día a las secretarias Rosa María López Merinero y Estrella Domínguez López, así como a los miembros de la auditoría Carlo Luca Bigmani, Benito Javier Torre de la Fuente y Antonio López de Pablo, dentro de la pieza separada en la que investiga los llamados 'papeles de Bárcenas'.

También cita el día 10 a los peritos que realizaron un informe sobre la memoria USB aportada por Bárcenas a Ruz con una serie de documentos, entre ellos los papeles con una supuesta contabilidad B en el PP.

Las solicitudes del juez se producen después de haber pedido al PP que identificara a todos aquellos que "podrían haber tenido acceso a la contabilidad" del partido desde 2002 y que comunicara los nombres de las secretarias y de los tres auditores, sobre los que declaró en su día la jefa de contabilidad del PP, Milagros Puente.

Puente, que ejerce esta función desde 1999, afirmó a Ruz que ella era la única persona que introducía la contabilidad en la formación política, pero, al ser preguntada sobre quién tenía acceso a los apuntes económicos, indicó que ella, tres auditores internos y Bárcenas. El PP siempre ha sostenido que la contabilidad oficial, la enviada al Tribunal de Cuentas, es la única existente. Sin embargo, el juez ya ha acreditado la veracidad de 55 operaciones de la contabilidad paralela que llevaba Bárcenas, informa el diario El País.

Francisco Álvarez Cascos y Javier Arenas asegurasen en la Audiencia que la vigilancia sobre las donaciones que recibibía el partido era escasa.

La actual ocupante de ese cargo, María Dolores de Cospedal, declaró, a su vez, que fueron el presidente de la formación, Mariano Rajoy, y Javier Arenas quienes pactaron el despido con indemnización "en diferido" que Génova habría pagado a su ex tesorero. Bárcenas había revelado al juez con anterioridad que esas cantidades eran, en realidad, la nómina que el partido le pagaba, por lo que seguía formando parte del PP, en contra de lo asegurado por el propio Mariano Rajoy.