El PSOE pide una comisión de investigación para aclarar la supuesta "compra" de un acta de concejal en Loja

El vicesecretario de los socialistas granadinos y portavoz del grupo provincial, José Entrena, ha reclamado este miércoles la convocatoria "urgente" de la junta general o del consejo de administración de Visogsa para constituir una comisión de investigación que aclare la supuesta "compra" del acta de concejal del que fuera primer teniente de alcalde, Antonio María Caro Derqui (PP), que "dimitió de su cargo como edil el mismo día en que firmó un contrato de asesoramiento jurídico con la empresa pública de vivienda de la Diputación".
José Entrena y Miguel Castellano
José Entrena y Miguel Castellano
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José Entrena y Miguel Castellano

El vicesecretario de los socialistas granadinos y portavoz del grupo provincial, José Entrena, ha reclamado este miércoles la convocatoria "urgente" de la junta general o del consejo de administración de Visogsa para constituir una comisión de investigación que aclare la supuesta "compra" del acta de concejal del que fuera primer teniente de alcalde, Antonio María Caro Derqui (PP), que "dimitió de su cargo como edil el mismo día en que firmó un contrato de asesoramiento jurídico con la empresa pública de vivienda de la Diputación".

"El presunto apaño del contrato de asistencia jurídica a favor del exteniente de alcalde del Ayuntamiento de Loja es un escándalo político de primera magnitud", ha indicado Entrena en rueda de prensa. En su opinión, lo sucedido evidencia que "el señor Caro Derqui puso un precio a la Alcaldía de Loja de 43.200 euros más IVA y el señor Sebastián Pérez pagó, mediante una simulación de contrato".

El representante socialista ha señalado que el supuesto "apaño del concurso" fue protagonizado por la empresa Iure Abogados, cuyo socio fundador es el congresista por Granada José Miguel Castillo Calvín, un despacho de abogados de Loja, representado por Francisco Miguel López Luna, a quien el exteniente de alcalde de Loja, en su condición de consejero de Emuloja, le encargó la asistencia jurídica en cuestiones laborales, y el propio despacho de abogados del exteniente de alcalde.

"El objetivo del contrato no era otro que provocar la dimisión del concejal popular disidente, enfrentado al alcalde de Loja y a la secretaria general del PP y vicepresidenta de la Diputación, dimisión que se produjo el mismo día en que firmó el contrato de asistencia jurídica con Visogsa", ha precisado Entrena.

Por ello, el representante socialista ha reclamado una comisión de investigación que aclare cuál es el objeto formal del contrato y su justificación técnica y temporal. Además, ha solicitado que esa comisión certifique si la empresa Visogsa "carece de personal en plantilla para realizar el trabajo que se le ha encomendado al despacho de abogados del exteniente de alcalde y que investigue si el presidente de la institución y del PP conocía y autorizó la firma del contrato así como las empresas invitadas a ese supuesto concurso".

"huele a podrido"

El vicesecretario general del PSOE ha pedido al presidente de la Diputación, Sebastián Pérez, que demuestre su "apuesta por la transparencia" y aclare un asunto "que social y políticamente es inaceptable, que huele a podrido y que es de dudosa legalidad".

Por su parte, el portavoz del grupo municipal socialista de Loja, Andrés Ruiz, ha tachado de "vergonzosa" la solución que el PP le ha dado a la crisis del grupo popular, tras nueve meses de guerras internas, de presiones y de insultos, utilizando dinero público para "comprar un acta de concejal".

"El alcalde le ha puesto precio a la alcaldía de Loja comprando un acta de concejal con dinero público", ha señalado el portavoz socialista y ha añadido que el regidor "ha valorado en 43.200 euros, de momento que sepamos, el mantener su puesto como alcalde".

Según Andrés Ruiz, el concejal dimitido amenazó al presidente de la Diputación, "en una misiva que le envió, en la que decía que si el PP no ganaba Loja, su mandato solo iba a durar cuatro años". "Quizás esa amenaza hizo entrar al PP en este chantaje", ha añadido.

En su opinión, el alcalde, "al aceptar esta corruptela, se convierte en "el inductor o en el conseguidor del precio por la alcaldía", por lo debe dimitir y sus socios de gobierno, Convocatoria por Loja (CpL), "estarían obligados a romper el gobierno corrupto" del municipio.

"mucho que explicar"

"Convocatoria por Loja tiene mucho que explicar en este asunto, tiene que decir cuál ha sido su papel en la compra de este acta con dinero público y aclarar si han actuado como promotores, inductores, conseguidores o colaboradores", ha subrayado el representante del grupo municipal socialista.

A su juicio, CpL debe explicar a los lojeños, además, cuál va a ser su papel una vez que se ha conocido esta corruptela y aclarar si va a seguir formando parte del gobierno o va a dejar "un gobierno que recurre a la corrupción cuando le hace falta".

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