En un segundo juicio, la pena había sido rebajada a siete años por pertenencia a banda terrorista, pero ya no se había hecho mención al cargo de asesinato múltiple.

El maratón jurídico comenzó en octubre de 2002 -Motasadeq había sido detenido en noviembre del año anterior- en el que supuso el primer juicio contra un implicado en los atentados del 11-S.

Motasadeq fue condenado en febrero de ese año a la pena máxima prevista para la complicidad en casos de asesinato: 15 años de cárcel.

El marroquí había frecuentado a menudo la vivienda que el piloto suicida Mohamed Atta compartía en Hamburgo con otros tres miembros de la célula de Al Qaeda en Alemania.

Sin embargo, el Tribunal Supremo revocó la sentencia de la Audiencia Territorial por considerar que los servicios secretos estadounidenses habían retenido información valiosa para el juicio procedente de los interrogatorios de otros detenidos.

Para el segundo juicio, EEUU remitió a la justicia alemana un resumen de algunos de estos interrogatorios, pero la misma Audiencia Territorial hamburguesa que llevó el primero llegó a la conclusión de que esas declaraciones podían haber sido obtenidas mediante torturas.

Esta duda llevó al juez Ernst-Rainer Schudt a pronunciar en agosto de 2005 una sentencia menor a la primera, porque los jueces consideraron que no había quedado demostrado el cargo de complicidad en asesinato.

Vaivén judicial

El Supremo reclamó por ello a la Audiencia Territorial una nueva sentencia, por lo que el tribunal apenas tuvo ya otra labor que la de determinar la pena.

En su comparecencia el pasado viernes, Motasadeq, de 32 años, reafirmó su inocencia y aseguró que "puedo jurar por Dios que no sabía lo que tenían previsto (los autores de los atentados)".

Los abogados solicitaron la suspensión del juicio ya durante la primera vista el pasado viernes, con el argumento de que el proceso era anticonstitucional porque los miembros del tribunal habían sido convocados de forma "arbitraria" y "precipitada".

Este lunes la defensa anunció que presentará recurso e intentará agotar todos los instrumentos legales posibles, incluida una posible apelación al Tribunal Europeo de Justicia.