La formación política que dirige Xosé Manuel Beiras estudia pedir la "imputación penal" del presidente de Renfe, Julio Gómez-Pomar, del secretario de Estado de Infraestructuras, Rafael Catalá, y de los administradores de las sociedades adjudicatarias de los contratos de ejecución y mantenimiento de las instalaciones de señalización y seguridad por el accidente ferroviario que tuvo lugar el pasado día 24 de julio en Santiago.

Y es que, a través de un comunicado de prensa, Anova considera "evidente" que del siniestro se derivan "graves responsabilidades penales", de modo que pedirá la imputación de los cargos mencionados "si la investigación en marcha confirma estas evidencias".

Se ha referido así a la ausencia de ciertas medidas de seguridad y al hecho de que algunas de las instaladas "no estaban en funcionamiento". "Instalando sistemas de seguridad a posteriori, Adif y Renfe se están, de hecho, autodenunciando", prosigue el comunicado, en la misma línea que Beiras el pasado sábado.