El Consejo de Gobierno ha acordado en la sesión de este jueves la finalización de las obras del Cuartel de San Carlos en Santa Cruz de Tenerife, permitiendo recuperar una importante pieza arquitectónica de la ciudad, además de la reubicación de servicios de la comunidad autónoma con el consiguiente ahorro en alquileres.

De este modo, después de que se adjudicara la remodelación del edificio en el año 2002, los muchos inconvenientes con la empresa constructora y con la dirección técnica de las obras retrasaron la puesta en funcionamiento de este singular inmueble durante una década. Ahora, el Gobierno de Canarias impulsa su finalización con una nueva licitación que se ejecutará durante los próximos tres años.

Así, una vez concluida la reforma, el edificio podrá albergar varios departamentos de la Comunidad Autónoma que ahora se encuentran dentro de inmuebles arrendados. En primera medida se trasladarán los Servicios Jurídicos y la Viceconsejería de Acción Exterior, a los que les seguirán otras dependencias.

Además, la adecuación de este inmueble está enmarcada dentro del Acuerdo de Gobierno de marzo de 2013 sobre medidas y acciones extraordinarias para la reducción del gasto en la activad administrativa, que hace referencia a la redistribución de espacios físicos en los inmuebles que son propiedad del Gobierno.

Los Servicios Jurídicos de la Región están guardados en un inmueble de la capital tinerfeña por el que el Ejecutivo abona un alquiler de 146.000 euros anuales, mientras que la Viceconsejería de Acción Exterior se encuentra situada en el Edificio Múltiples II de Santa Cruz de Tenerife, que es propiedad de la Comunidad Autónoma, por lo que su traslado permitirá liberar espacio para ser ocupado por otros departamentos que se encuentran en régimen de alquiler.

Por último, con esta remodelación, la Administración regional tiene como objetivo finalizar la legislatura con un coste de alquileres cercano a cero. Este gasto ya se reducirá en un 60 % al finalizar 2013, al pasar de 23 millones de euros en 2009 a 8,5 millones. Para lograr esta reducción se han puesto en marcha distintas fórmulas como la renegociación a la baja de los arrendamientos y se han rescindido cerca de 90 contratos.