El abogado del empresario Eugen Friedrich Kaiser, Miguel Rodríguez, se ha mostrado convencido de que la 'Operación Timesharing' [que supuso el registro de varias oficinas, locales y domicilios y la detención de 76 personas durante la semana pasada por una supuesta estafa a turistas en la venta de vacaciones en régimen de multipropiedad en el sur de Gran Canaria] no prosperará, ya que, dijo, a día de hoy no existen indicios probatorios contra su cliente, mientras aseguró que la actuación policial estuvo rodeada de "ciertas particularidades".

En una entrevista concedida a Europa Press, Rodríguez destacó los "graves perjuicios" que toda la operación va a causar a la empresa del alemán y a los trabajadores. "Ya de pronto, se ha visto con el abandono de un banco con el que venía operando toda la vida, que ha cancelado las operaciones que tenía abiertas", comentó.

También explicó que una de las empresas de Kaiser está en una situación extrema y que una de las cosas que tiene ahora por delante el empresario es ver qué hacer con los trabajadores porque tiene que atender los salarios, aunque la empresa lleva sin operar desde el lunes pasado.

"El daño ha sido inmenso —reiteró el abogado—. Clientes que llamaban preocupados, otros que cancelaban por el temor provocado por la actuación policial... cuantificar esto a fecha de hoy es imposible y serán las próximas semanas y meses los que digan cuál será el perjuicio".

En este sentido, señaló que el denunciante de esta situación, que derivó en la operación policial, "ha estado interesado en que todo tuviera muchísima relevancia, y no sólo en los medios de Gran Canaria, sino que en la prensa internacional todo se conocía el mismo día".

La operación se rodeó de "ciertas particularidades"

Rodríguez hizo especial hincapié en las circunstancias en las que se desarrolló la operación policial el pasado lunes. "Se rodeó de ciertas particularidades. La operación que se desarrolló el día 22 venía unida en primera instancia a una inspección de trabajo", indicó.

"Vinieron inspectores de trabajo —prosiguió— a dos centros y apoyados en eso, fueron indentificando y pidieron información, y la Policía ya estaba supervisando, por decirlo de alguna forma, el trabajo de los inspectores".

Además, explicó que una vez que los inspectores de trabajo de fueron, la Policía siguió trabajando. "En un centro de trabajo resultó con la detención de un montón de gente y en otro centro resultó en que no hubo detenciones, si bien es cierto que los trabajadores estuvieron privados de su libertad deambulatoria durante horas. Y eso va a ser motivo de estudio por parte de estos trabajadores a los que se ha ocasionado un perjuicio muy serio", apostilló.

Aquí, el abogado entendió que los policías se ayudaron de la inspección de trabajo para ir a las dependencias del hotel y recordó que al tratarse de establecimientos públicos, se les permite la entrada.

"Lo que no les permite [la ley] —insistió—, y eso no venía amparado y así resultó dos días más tarde por la resolución del Juzgado, era la incautación de documentos, ni el registro ni la incautación de ordenadores".

Registros e incautación de portátiles y documentos

De esta manera, Rodríguez anunció que ya son muchos los trabajadores que confirman "que se incautaron ordenadores portátiles, documentos y se registraron y miraron cosas". "Alguien tiene que dar explicaciones porque nada de eso tenía soporte judicial", articuló.

Criticó también la detención de los trabajadores de la empresa, ya que entendió que si se piensa que hay una trama delictiva, se debe creer que hay uno, cinco u ocho cerebros, pero no 74.

"Hubo gente que quedó en libertad la primera noche, otros después de dos días y los últimos después de tres días. Hay trabajadores que han pedido la baja o que no han vuelto al trabajo desde que esto sucedió por el trauma que les produjo la detención. La forma en la que se hicieron las cosas han bloqueado por completo el funcionamiento de la empresa", remarcó.

Previsión de archivar el caso

Cuestionado sobre las posibilidades de que el caso se archive debido a esta ausencia de soporte judicial en las actuaciones de la semana pasada, el abogado apuntó que "la previsión es que sí" aunque recordó que en España las instrucciones penales no son especialmente rápidas, sino que son procedimientos que suelen llevar algún tiempo.

Recordó que en el año 2006 tuvo lugar una operación similar en la que la Policía detuvo a 28 trabajadores y al propio Eugine Kraiser y que la instrucción penal tardó más de un año en cerrar la causa.

"Nosotros —continuó— pondremos todo de nuestra parte porque el archivo sea lo antes posible porque entendemos que a fecha de hoy no hay ningún indicio probatorio y ni lo va a haber porque Eugen Kaiser está completamente seguro de que la actividad es completamente legal".

Por último, se mostró convencido de que esta operación "no va a llegar a ningún lado". "También es verdad que lo que buscaba la persona que presenta la denuncia ya está conseguido, que es el evidente perjuicio patrimonial para la empresa y eliminar y competidor", concluyó.