El secretario general del PSOE en Canarias, José Miguel Pérez, ha alertado este martes que la Reforma de la Administración Local, que se aprobó durante este mes de julio, está llevando "a un retroceso sin parangón en estos 30 años de democracia" por culpa de la "dirección opuesta que sigue la rancia derecha" en España.

Estas declaraciones las realizó durante una rueda de prensa que tuvo lugar en la sede del PSOE en Las Palmas de Gran Canaria, a la que también acudió el diputado del PSC-PSOE, Francisco Hernández Spínola.

Pérez aclaró que lo que consigue esta reforma es "debilitar la respuesta que desde las administraciones públicas hay que dar a la ciudadanía. Se trata de debilitar la democracia, y también de eliminar una buena parte de la respuesta pública para sustituirla y cambiarla por el negocio particular en buena parte de ellas".

Además, el máximo responsable del PSOE en las islas quiso aclarar los efectos que tendrán para la administración canaria el asumir esta reforma, porque "todo lo que se llama competencias impropias de los ayuntamientos, especialmente a aquellas que se refieren a cuestiones educativas, o cuestiones sociales, pasen a otras administraciones públicas".

Así, Pérez puso el ejemplo de que en la educación canaria los ayuntamientos ejercen en la actualidad competencias que si pasan a la administración autonómica, como prevé la ley, sin recursos adicionales, el Gobierno tendrá "que buscar aproximadamente unos 100 millones de euros adicionales para poder afrontarlo desde esa otra administración". Así, valoró que el "sistema educativo canario entraría en enorme dificultad para conseguir 100 millones adicionales".

"Lo mismo ocurriría en las políticas sociales, si pasaran al ámbito de los cabildos o de las administraciones autonómicas, sin ninguna transición presupuestaria, nos encontraríamos ante un auténtico atasco de los recursos disponibles", matizó.

José Miguel Pérez también quiso aclarar que esta Reforma "es objeto de rechazo extraordinario por todos aquellos que no militan en el Partido Popular, e incluso, por parte de ayuntamientos, como ocurre en Canarias, a cuyo frente está militantes del Partido Popular".

Spínola avisa de que esta ley "desmantelará los ayuntamientos"

Por su parte Spínola avisó de que "se va a imponer una reforma muy perjudicial para los ciudadanos y que va a suponer el desmantelamiento de un importante número de ayuntamientos en el país".

"Esta reforma se centra, sobre todo, en aquellos ayuntamientos que tienen menos de 20.000 habitantes, de forma tal que aquellos que no puedan prestar un servicio con un coste efectivo que se determine, los que no superen el coste efectivo, lo prestarán en la Península las diputaciones y en Canarias los cabildos insulares", aclaró el político socialista.

Para Spínola este Proyecto de Ley significa "un ataque a la autonomía municipal que está consagrada en el Artículo 140 de la Constitución. Y claramente tiene una orientación ideológica, la privatización de los servicios públicos".

Francisco Hernández Spínola, que también ostenta la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias, recordó que al Gobierno autonómico le "preocupa enormemente la transferencia de los servicios de asistencia social y servicios sociales en favor de las comunidades autónomas" y que el Ejecutivo de las islas "es contrario a este proceso de traspaso de lo municipal a lo autonómico".

El político aclaró este rechazo ya que cree que los servicios sociales municipales hacen un mejor tratamiento al ciudadano gracias a la cercanía.

"Canarias por su estatuto de autonomía adoptará las medidas oportunas para que esto no ocurra. La Comunidad Autónoma puede aprobar una ley regulando los municipios en Canarias, regular el régimen jurídico de los cabildos insulares. También se puede delegar la competencia otra vez en los ayuntamientos", recordó Hernández Spínola.

Esto no implica que el Ejecutivo autonómico no vaya a aplicar la ley, sino que al permitirse "la técnica de la delegación en la propia ley de bases", Canarias va a "utilizar los instrumentos" que tiene para "revertir la situación que la ley produce" por lo que utilizará "la vía legal para que la competencia no se residencie en el Gobierno sino en el ayuntamiento".