El portavoz del grupo municipal de Esquerra Unida, Amadeu Sanchis, ha resaltado que el Tribunal Supremo (TS), con su resolución sobre Tabacalera, deja "bien claro" que hay que volver al principio del proyecto para verificar y pronunciarse sobre si los nuevos edificios que se construyeron en la manzana que antiguamente ocupaba la totalidad del edificio armonizan o no con un edificio catalogado como histórico y, por tanto, protegido.

Sanchis, quien ha valorado la resolución del Supremo, ha destacado que es "especialmente relevante" que la sentencia "estime que las normas urbanísticas obligan a que las construcciones emplazadas junto a edificios de carácter artístico, histórico o arqueológico han de armonizar con ellos, aun cuando en su entorno sólo haya uno que contemple esas características", ha afirmado el edil.

Es decir, "la actual sentencia lo que deja bien claro es que hay que volver al principio del proyecto para verificar y pronunciarse sobre si los nuevos edificios que se construyeron en la manzana que antiguamente ocupaba la totalidad del edificio de Tabacalera armonizan o no con un edificio catalogado como histórico y, por tanto, protegido", ha aclarado.

"De momento, —ha agregado— ya sólo las alturas de los nuevos edificios son el doble de altas que el edificio original", ha señalado el portavoz municipal, quien ha destacado que el Ministerio de Cultura siempre defendió la importancia monumental de Tabacalera ya que ocupa el número 46 del catálogo de Patrimonio Nacional Industrial, "lo cual demuestra que toda la operación fue precipitada, se hizo a espaldas de la obligación administrativa que el Ayuntamiento tenía y tiene para con la defensa de su patrimonio", ha criticado.

Del mismo modo, para Sanchis, la resolución "también demuestra que la modificación puntual del PGOU a las que se sometió a las manzanas de Tabacalera y la plaza América coincidían en los tiempos con las prisas e intereses de los promotores privados, en concreto, la mercantil Guadalmedina, a costa de la protección que la ley obligaba".

Es por ello por lo que el Ayuntamiento "debe proceder inmediatamente a aportar todas las nuevas pruebas que le sean solicitadas, ya que la sentencia del Tribunal Supremo deja claro que el conflicto jurisdiccional queda abierto, pero que no se podrán ignorar ni las pruebas que se vayan a solicitar ni tampoco afirmar con qué partida presupuestaria ejecutará la sentencia en el caso de que prospere la demanda", ha subrayado.

Por último, ha anunciado que desde EUPV se opondrán a que los gastos de esta "mala" gestión urbanística corran a cargo del gasto social del Ayuntamiento, "ya que éste caso se une a una larga lista de sentencias que el consistorio ha ido perdiendo recientemente", ha aseverado.