El pleno del Ayuntamiento de Zaragoza ha rechazado "frontalmente" la aprobación por parte del Consejo de Ministros este viernes del anteproyecto de ley para la racionalización y sostenibilidad de la Administración local y ha exigido su retirada. IU ha presentado una moción de urgencia sobre esta cuestión, que también ha contado con el apoyo de PSOE y CHA, mientras que el PP ha votado en contra.

El pleno del Ayuntamiento de Zaragoza se ha comprometido a impulsar y liderar la oposición institucional necesaria en el conjunto del Estado español "para lograr la retirada y no aprobación de esta ley".

Además, el pleno ha pedido dar a conocer este acuerdo al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a todos los grupos parlamentarios de las Cortes Generales y a las comisión ejecutivas de la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias y la Federación Española de Municipios y Provincias.

El portavoz de IU, José Manuel Alonso, ha argumentado la urgencia de esta moción por la "relevancia" de la cuestión, ha lamentado que el texto "pisotee la autonomía local", "cambie el modelo institucional" y "deconstruya todo el terreno ganado respecto a la autonomía local" en los últimos 30 años, ha dicho.

Igualmente, ha opinado que supone un "olvido" de la "calidad democrática, de los derechos de la ciudadanía y de la lealtad institucional", haciendo que "una situación coyuntural con respecto al déficit pueda llevar a la desaparición de una institución local", y todo esto "ni siquiera" por un motivo ideológico o por ordenar la Administración española, sino por "ahorrar 7.100 millones de euros" en "compromiso" con la Troika.

En declaraciones a los medios de comunicación después del pleno, el concejal de IU ha señalado que "era necesaria una respuesta rápida a una ley que supone una de las agresiones más importantes a la autonomía local" y que "pone en duda la prestación de servicios y el reconocimiento de los derechos de la ciudadanía".

Crítica unánime

El consejero de Urbanismo, Infraestructuras, Equipamientos y Vivienda del Ayuntamiento de Zaragoza, el socialista Carlos Pérez Anadón, ha precisado que el Gobierno ha aprobado este anteproyecto de ley "sin el apoyo más que los diputados del PP", ni siquiera de sus alcaldes, "con la crítica unánime del Consejo de Estado, una ley que va a dañar a los ciudadanos".

En este sentido, ha advertido de que "plantea unos servicios más caros, más escasos y en acción social se va a poder entrar de hoz y coz en la privatización para que sea un negocio de las empresas", a costa de los ciudadanos "más necesitados".

En declaraciones a los medios, ha dicho que es un "día negro" y ha mostrado su intención de "adoptar todas la acciones en todos los frentes posibles para que la ley se retire y haya unas competencias claras, dotadas económicamente, que beneficien a los vecinos y no dé entrada a las empresas privadas".

Ahora habrá financiación

El portavoz del PP, Eloy Suárez, ha remarcado que en el texto final se han incorporado "cantidad de cuestiones del Consejo de Estado" y ha asegurado que el vicealcalde, Fernando Gimeno, está contento porque ahora "sabe quién le va a financiar los servicios sociales" y le va a permitir afrontar "los problemas serios que tiene de financiación".

Entre otras cuestiones, ha comentado que el coste estándar ha desaparecido, para criticar que estos meses el Ayuntamiento de Zaragoza "no haya estado naciendo nada" para "adaptarse a lo que viene" y "han seguido gastando como si nada". Asimismo, ha argumentado que este proyecto se enmarca en un "proceso de reformas" que realiza su partido "porque hay que sacar a flote a este país".

En declaraciones a los medios, ha referido que esta ley inicia ahora su tramitación, para mostrar su sorpresa porque otros grupos hablen de privatización "cuando en este ayuntamiento se está privatizando" y de pérdida de empleo, "cuando en la contrata de autobuses están a punto de desaparecer más de 220" puestos de trabajo.

El portavoz de CHA, Juan Martín, ha manifestado que valorará el texto en más profundidad una vez lo haya estudiado, si bien ha rechazado algo que "se mantiene en los once borradores que ha habido, la invasión clara de las competencias en materia de política local de las Comunidades autónomas", lo que supone la "vulneración" del Estatuto de Autonomía de Aragón.

Asimismo, ha mostrado su preocupación sobre "el futuro de muchos trabajadores de Zaragoza que tienen que ver con las competencias a las que afectan a la ley", por ejemplo, en servicios sociales, para subrayar que "vamos a defender con uñas y dientes la autonomía local" y "la calidad de los servicios públicos".