La primera Iniciativa Legislativa Popular (ILP) registrada durante la presente legislatura y relativa a la reforma de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) para evitar más construcciones en el litoral no ha logrado reunir las 40.000 firmas necesarias para su defensa desde el 'escaño 110' de la Cámara. El plazo expira este viernes, después de haber contado con una prórroga de dos meses del periodo inicialmente establecido.

Fuentes de la promotora de la iniciativa han indicado a Europa Press que el número de firmas que han logrado reunir se sitúa en torno a las 38.000, por lo que les han faltado unas 2.000, una cifra que, en su opinión, podría haberse logrado de haber contado con una semana más de plazo. "El esfuerzo ha sido enorme y estamos contentos con la respuesta obtenida aunque no lo hayamos podido conseguir", han apuntado.

No obstante, la promotora de la iniciativa, que seguirá recogiendo firmas a lo largo de día, —pese a no confiar en poder llegar a la cifra de 40.000—, no ha descartado presentar una nueva ILP en el Parlamento con otro nombre, lo que les llevaría a tener que empezar "de cero" en la recogida de las firmas, dado que las obtenidas para esta iniciativa no podrían reutilizarse.

Entre los 27 fedatarios encargados de la recogida de estas firmas se encuentran miembros de colectivos y asociaciones tales como la Asociación PELP!, Primavera Andaluza, Equo, el Colectivo Ornitológico Cigüeña Negra (COCN) o la Plataforma Salvemos Valdevaqueros, además de ciudadanos a título particular, procedentes de distintas provincias andaluzas.

La citada ILP fue presentada a principios del mes de julio de 2012 en la Cámara andaluza por miembros de la Plataforma 'Pelp!', que nace en las redes sociales en diciembre de 2009, justamente cuando el Ayuntamiento de Vejer de la Frontera anunciaba el acuerdo con una promotora inmobiliaria para reflotar un macroproyecto hotelero en la playa de El Palmar, con más de 600 habitaciones.

Una vez subsanados varios defectos de forma que contenía la iniciativa, que hicieron que la Mesa del Parlamento la paralizara el pasado mes de septiembre, la comisión promotora contaba tras la admisión a trámite, en diciembre, con seis meses para el proceso de recogida de firmas desde que la Junta Electoral de Andalucía notifica la admisión de la iniciativa hasta su presentación en la Cámara autonómica.

En la mencionada ILP, a la que ha tenido acceso Europa Press, se solicita la modificación del artículo 9 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, de cara a que se garantice la protección y el tratamiento adecuado del litoral de acuerdo con sus características respetando la normativa vigente en cuanto a diversidad y espacios naturales, tanto local, nacional como europea, prevaleciendo éstas sobre todo planeamiento urbanístico, no permitiendo la construcción en espacios protegidos y preservando los actualmente libres, donde también se prohibirá la construcción.

Además, la iniciativa recoge dos nuevos apartados en este artículo, uno de ellos en relación a la preservación del paisaje costero, no permitiéndose construcciones que supongan impacto visual o formación de pantalla arquitectónica, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Costas de julio de 1988, a la que deberán ajustarse los planes urbanísticos de las localidades costeras.

En el otro de los apartado se incluiría la conservación de espacios colindantes o cercanos a zonas que gocen de protección mediante alguna de las figuras existentes, no siendo lícito la calificación de estos suelos como urbanizables en ninguna modalidad de planeamiento urbanístico.

Se añaden además tres disposiciones adicionales, la primera sobre que el Gobierno determinará el importe de la compensación económica a los titulares de derechos subjetivos afectados por la entrada en vigor de esta modificación de ley en el término de seis meses y por medio del procedimiento administrativo correspondiente.

La segunda hace referencia a que los efectos económicos de esta proposición de ley se trasladarán al presupuesto del ejercicio siguiente al de su aprobación y la tercera recoge que será competencia de las administraciones elaborar un listado de las zonas actualmente libres para su protección a través de la modificación de esta ley, y deberán de entregarla en un plazo de tres meses desde la entrada en vigor de la misma.

EL 'ESCAÑO 110'

Permite la intervención en pleno o comisión

El Pleno del Parlamento celebrado los días 10 y 11 de octubre del pasado año aprobó por unanimidad de la Cámara una reforma del Reglamento para la puesta en marcha del 'escaño 110', lo que permitiría la intervención en pleno y comisión de los promotores de Iniciativas Legislativas Populares que cumplan con los requisitos que la ley establece.

A tenor de esta modificación, concretamente del artículo 125 del Reglamento, se incluye un nuevo apartado en el que se precisa que, en el caso de proposiciones de ley de Iniciativa Legislativa Popular, la presentación y defensa de la proposición en el debate de toma en consideración en Pleno corresponderá a un representante de la comisión promotora designado por ésta.

También se indica que, una vez tomada en consideración y acordado su envío a la comisión competente, dicho representante podrá estar presente en las comparecencias informativas de los agentes sociales y organizaciones interesadas en la regulación que se trate y asistir tanto a las reuniones de comisión donde se debata el dictamen de la proposición como al debate final en Pleno, teniendo derecho a intervenir en tales sesiones con voz, al comienzo del turno de los grupos parlamentarios y por el mismo tiempo que éstos.