La Asociación de Usuarios de Servicios Financieros AUSBANC ha informado este miércoles de que ha pedido al juez civil que se pronuncie en las promociones de dos urbanizaciones del municipio toledano de Chozas de Canales y declare los cerca de 1.500 inmuebles de estas construcciones "ilegales de pleno derecho", —como ya se hizo con el PAU Z9 de la localidad por sentencia del Tribunal Supremo—, así como que declare la nulidad de la compraventa y del préstamo de las viviendas.

Así lo ha explicado este miércoles en rueda de prensa la abogada de AUSBANC, Isabel Cámara, quien ha indicado que de esta manera se amplía esta petición, después de que el pasado mes de junio un juzgado de Illescas admitiera a trámite la primera de las demandas presentadas contra CCM en la que se solicitaba en nombre de 340 afectados la anulación del préstamo hipotecario y la devolución de las cantidades abonadas en la compra de estas viviendas, situadas en el Plan de Actuación Urbanística Z9 de la localidad.

En su momento, AUSBANC aseguró esta urbanización se edificó en suelo rústico, sobre arroyos y sin lo correspondientes permisos urbanísticos. Así, desde la Asociación piden que se declaren igualmente ilegales algunas de las viviendas que se ubican en los PAU Z10 y Z11.

En concreto, Cámara ha pedido que se declare la condición de ilegalidad en las viviendas cuyos préstamos "tienen el precio contaminado en la subrogación de la entidad CCM —actualmente Liberbank—.

En este sentido, Cámara ha comentado que se ha ampliado la petición de que se declare la nulidad de pleno derecho de los PAU Z10 y Z11 para conseguir la nulidad de la compraventa y del préstamo "sin necesidad de esperar siete años a que el Tribunal Supremo dicte sentencia" como ocurrió con el PAU Z9, paso previo a que se pueda acudir a la vía civil.

Cámara ha indicado que hay que buscar las vías legales más "efectivas" para evitar ponerse en un procedimiento administrativo tan largo para después acudir a la vía civil, algo que ha calificado de "insólito".

Finalmente, la abogada de AUSBANC ha recordado que la petición que se hace es que dejen a los propietarios "como estaban", es decir, "que el propietario entregue la casa y recupere su dinero", puesto que en dichas casas subyace una ilegalidad administrativa que "impide que pueda vender una casa que carece de valor económico pero que todos los meses tiene una repercusión económica".